Vox quiere declarar BIC nueve lápidas leonesas franquistas
Se trata de documentos epigráficos de la guerra civil contra la «amenaza clara» que supone la Ley de Memoria Democrática, según la formación de ultraderecha
Once procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León han registrado este martes, a título particular, una instancia ante la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que incluya en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural o convierta en Bien de Interés Cultural (BIC) hasta 190 cruces y placas, mayoritariamente con inscripciones relativas a los «caídos» durante la Guerra Civil española. Nueve de ellas están ubicadas en la provincia de León
Entre los solicitantes no figuran los dos procuradores que ostentan un cargo institucional, ni el vicepresidente de la Junta y líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, ni el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, mientras que sí lo hacen el resto de parlamentarios, cuyo portavoz, Carlos Menéndez, ha anunciado que su grupo mantiene la idea de llevar al Parlamento una proposición no de ley para pedir a la Junta la protección de todos estos bienes. Menéndez ha defendido que la recién aprobada modificación de la Ley de Memoria Democrática supone «un ataque y destrucción» del patrimonio histórico y cultural de la Comunidad y del resto del país.
El portavoz ha asegurado que con esta iniciativa Vox se convierte en «vanguardia a la oposición» del Gobierno central y del PSOE, al utilizar «todos los instrumentos legales» disponibles para tratar de mantener estos bienes que consideran como un bien patrimonial que debe permanecer en su lugar actual, sin que puedan ser retirados por los ayuntamientos en cumplimiento de la normativa vigente de Memoria Democrática.
El principal promotor de esta iniciativa dentro del Grupo Parlamentario de Vox, el procurador David Hierro, ha detallado que se trata de bienes que sufren una «amenaza clara» por una ley que en su opinión refleja una «memoria selectiva» para «hacer desaparecer» bienes que «son historia», en referencia al momento y el contexto -la Dictadura de Franco- en el que se inscribieron y colocaron en sus lugares actuales.
Vox confía en que su demanda tenga reflejo en las futuras decisiones administrativas por parte de la Consejería de Cultura, dirigida por Gonzalo Santonja a propuesta de Vox, y que su mera inclusión en el Inventario de Bienes o la apertura de un expediente de declaración de BIC pueda paralizar la retirada de alguno de estos bienes, como es el caso del azulejado de la Universidad de Valladolid que homenajea a Franco. Sobre este caso concreto, Hierro ha sostenido que se trata de «proteger todos los bienes» y la retirada parcial de este azulejado supone «desintegrar el patrimonio» bajo el argumento de que es «exaltación del franquismo».
La Universidad de Valladolid ya ha dado pasos para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y ha comenzado a analizar el procedimiento técnico que se puede seguir para retirar el azulejado con el que en 1944 la institución académica quiso agradecer a Franco su apoyo económico para reconstruir parte de su edificio histórico, afectado por un incendio. Ahora está por ver la decisión que adopta la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte sobre esta petición de los procuradores de Vox, quienes confían en que la tramitación se realice lo antes posible para impedir que estos 190 bienes puedan ser retirados al amparo de la nueva ley de Memoria Democrática.