El Ayuntamiento emprende acciones para que el Estado restaure la muralla

Los técnicos han elaborado un listado de los «puntos débiles», donde detallan los graves daños que sufre la fortificación. El concejal de Patrimonio, Alejandro Valderas, demanda un Plan Director, similar al de la Catedral, para preservar la muralla, declarada Monumento Histórico en 1931. La lluvia ha sido implacable con la muralla en los tres últimos años, en los que el desprendimiento de piedras ha sido constante. El Ayuntamiento intentó en 1998 incribir las murallas en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, pero chocó frontalmente con la Abogacía del Estado. El conflicto no era nuevo, ya entre 1968 y 1973 el Ayuntamiento y el Estado mantuvieron un litigio por la propiedad de este Monumento Histórico, si bien ninguna de las partes pudo aportar documentos sobre la titularidad del mismo, aún cuando el Ministerio de Economía tiene a su nombre varios tramos de la muralla, como el Archivo Histórico Provincial y la anexa Iglesia de los Descalzos, un tramo de la calle Independencia, un cubo de la calle Ramón y Cajal, así como solares en Serranos y Los Cubos. El «ocaso» de la muralla está perfectamente documentado. Entre octubre del 2000 y el pasado mes de febrero el Ayuntamiento ha recibido al menos siete denuncias por el mal estado de la muralla y el desprendimiento de cascotes, que en algún caso obligaron a cortar varias calles. Hoy mismo, el equipo de gobierno que preside Mario Amilivia podría acordar la primera medida contra el Estado por el abandono de la muralla, tal y como defenderá el concejal de Patrimonio, Alejandro Valderas. Probablemente, la fórmula sea enviar un requerimiento exigiendo la urgente reparación de dos cubos próximos a las Clarisas, un tramo en la calle Carreras y el arco de Don Pelayo. Pero la fortificación tardorromana sufre graves «heridas» en otros ocho puntos, según un informe técnico que el Ayuntamiento podría remitir igualmente a los responsables de la Administración Central -como propietaria de la muralla- y a la Junta -con competencias plenas en Patrimonio-. Alejandro Valderas defiende la creación de un Plan Director, similar al de la Catedral, para facilitar las labores de conservación de la muralla. Hasta ahora, las restauraciones han sido sufragadas por diferentes administraciones: la Junta ha asumido los últimos trabajos efectuados en la muralla; con anterioridad, los gastos corrieron a cargo de los ministerios de Cultura y Economía; igualmente, el Ayuntamiento ha subvencionado varias obras -en la torre de San Isidoro, en Las Cercas y en la Torre de Don Ponce, propiedad del Obispado-; asimismo, algunos particulares han costeado el arreglo de elementos aislados de la muralla integrados en sus construcciones. Un Plan Director permitiría clarificar quién tiene las competencias y asignar un presupuesto anual para la conservación de esta fortificación, una de las mayores en extensión de toda España.