El pago del canon por préstamo de libros solivianta a las bibliotecas

Las bibliotecas españolas viven tiempos inquietos. La Unión Europea ha iniciado un expediente contra España y otros cinco países por no haber transpuesto, o hacerlo de forma incorrecta, la directiva que prevé que los escritores autoricen el alquiler y el préstamo de sus obras o que reciban una remuneración por ello. España debería haber comenzado en 1994 a articular algún mecanismo que permita a los autores recibir una cantidad por el préstamo de sus libros. Ante el silencio del Ministerio de Cultura, que todavía no ha hecho pública su opinión, son las bibliotecas las que han tomado la iniciativa y se oponen frontalmente a la aplicación de la norma europea. Se han celebrado jornadas y sesiones informativas en las que se ha analizado la cuestión, y se han suscrito manifiestos contra lo que se llama ya «el préstamo de pago». Autores como Juan Marsé, Gustavo Martín Garzo o el leonés Luis Mateo Díez han firmado. El pago de un canon se estableció por primera vez en Europa en Dinamarca, en 1946. Le siguieron, al año siguiente, Noruega, Suecia en 1955 y Finlandia en 1961. El Reino Unido lo comenzó a aplicar en 1978. Son países con una larga tradición bibliotecaria, cuyas cifras hacen palidecer la realidad española, por odiosas que resulten las comparaciones. En 1994, Suecia contabilizó 22 millones de préstamos para una población de menos de dos millones de escolares, los mismos que España para sus 40 millones de ciudadanos. En 1995, España subió a 24,5 millones de préstamos, muy lejos de los 224 del Reino Unidos el mismo año. Aunque las bibliotecas españolas no han hecho más que avanzar -no podrían ir para atrás, dicen desde dentro- el sector presenta notables carencias que harían imposible la aplicación del canon, según los bibliotecarios. Uno de ellos, Alejandro Carrión, calculó el impacto que tendría el pago francés en España: de los 24 millones que se gastan para las bibliotecas cada año en comprar libros, 13 se decicarían al canon. Consecuencia: comprarían menos libros. Por su parte, los organismos que gestionan los derechos de autor argumentan que los escritores, como cualquier trabajador, tienen derecho a percibir una remuneración por su trabajo.