Gobierno y Generalitat pactarán el futuro del archivo salmantino

El PSOE consiguió sacar adelante ayer en el Congreso una solución salomónica que retrasa la decisión final sobre la situación del Archivo de Salamanca. El grupo socialista logró que los grupos parlamentarios de ERC y IU-IC abandonaran su exigencia inicial del retorno «inmediato» de los fondos documentales de la Generalitat republicana incautados por el régimen franquista tras la Guerra Civil, y que el Pleno aprobara un texto difuso que pospone la decisión final hasta finales de año, insinúa que los citados documentos retornarán a Cataluña y apuesta por que el archivo actual se convierta en el centro de documentación e investigación de la contienda civil. La enmienda socialista, aprobada con el voto en contra del PP y la abstención de CiU (que exigía que el texto fuera más explícito), insta al Gobierno a «iniciar un proceso de diálogo con la Generalitat en el plazo de un mes» y a que la resolución definitiva se comunique al Congreso antes de 2005. «Dicho acuerdo deberá conciliar las legítimas aspiraciones del Parlamento de Cataluña y las Cortes Valencianas con la unidad del actual Archivo General», continúa el texto, que también suma a estas negociaciones la colaboración del Patronato del Archivo y de la Junta Superior de archiveros. La escasa concreción del texto, redactado por la mañana y negociado por Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó para la sesión plenaria muchos interrogantes sobre el futuro de los fondos de la Generalitat catalana. Pero Teresa Cunillera, la diputada encargada de defender las tesis socialistas, fue bastante clara. «Este problema lo va a resolver el PSOE», sentenció. Cunillera aseguró que «el origen del archivo es de dolor y vergüenza y tiene un culpable: Francisco Franco». Y advirtió a la oposición de que no hiciera «un debate político de un problema técnico», cuya solución «está próxima». En esta línea abundó la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien apostó al término del Pleno por una solución «sin vencedores ni vencidos» Por su parte, los tres partidos catalanes que han impulsado este debate, CiU, ERC y IC, se movieron en argumentaciones similares. Recordaron los orígenes de estos documentos, las diferentes propuestas presentadas en diferentes parlamentos durante la democracia y la «legitimidad histórica de su propuesta». «El archivo debería llamarse de la represión franquista», apuntó Francesc Canet i Coma (ERC). «No hay ningún argumento científico, jurídico o histórico que justifique la permanencia de estos documentos en Salamanca», subrayó Joan Herrera (IU-IC). «Es una cuestión nacional y de dignidad», comentó Josep Antoni Duran i Lleida (CiU). Desde el Partido Popular, no se siguió la línea de confrontación y de defensa del archivo que vienen esgrimiendo destacados dirigentes de la Junta de Castilla y León, y se reconoció la legitimidad de las demandas. De hecho, fue la diputada por Madrid Beatriz Rodríguez-Salmones, quien defendió la postura del PP, apostando por medidas «positivas y activas» y por «una solución tranquila al conflicto».