Después del duro viaje de ida

Recogieron todo cuanto encontraron a su paso, aquello que pensaban que podía ser útil para inculpar a republicanos, masones o diputados de la derecha díscolos. Incluso se incautaron de documentos del siglo XIV, que poco tenían que ver con las diferencias que desataron la Guerra Civil. Cajas llenas de documentos, archivos municipales, boletines republicanos, incluso correspondencia particular, pasaron por las delegaciones denominadas de «recuperación de documentos» y acabaron amontonándose en la Delegación Central de Recuperación de Documentos de Salamanca, que durante años administró convenientemente estos papeles para investigar, y en su caso juzgar, a masones y comunistas. Esos documentos forman desde 1999 el Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en la Salamanca a la que los legajos fueron llevados desde un primer momento; y dependen del Ministerio de Cultura. Ahora son objeto de polémica y se cuestiona (más por razones políticas que puramente documentales) la propiedad de los papeles requisados hace más de 70 años. Un puñado de esos miles de documentos fueron requisados en la provincia de León. Entre ellos destacan la correspondencia de Francisca Bohígas Gavilanes, diputada por León de la Confederación Española de Derechas Autónomas (Ceda); y la del también diputado por el mismo partido por León José María Gil Robles. Un hecho que demuestra que quienes husmeaban en los domicilios en busca de documentos comprometedores no sólo investigaban a los rojos, sino también a los políticos de derechas que podían ser considerados díscolos por el régimen franquista. Así lo considera Alejandro Valderas, concejal de Cultura actualmente pero archivero de profesión, que ha investigado varios documentos leoneses en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Los fondos dedicados a la masonería forman un voluminoso apartado en este centro de documentación. En él se acumulan los expedientes de alrededor de un centenar de leoneses, sospechosos de formar parte de las logias masónicas de León y de Astorga; y que fueron requisados en la casa madre de Gijón. Valderas apunta también que muchos de esos expedientes se han «extraviado». Pasados unos años, algunos de aquellos influyentes hombres lograron del régimen el beneplácito para lavar su imagen, y sus expedientes fueron recuperados de cajas que, en teoría, según ordena la legislación, no podían haberse abierto hasta cincuenta e incluso cien años después de formalizados los expedientes. Son algunos de los documentos que salieron de la provincia a la fuerza y hoy forman parte de este archivo.