El PP de Cataluña pide también la restitución de los papeles de la guerra

La comisión parlamentaria de Política Cultural aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley que insta a la Generalitat a acordar con el Gobierno central que «antes de finalizar la legislatura» sean retornados «a sus legítimos propietarios» los documentos «expoliados por el régimen franquista y depositados actualmente en el Archivo General de la Guerra». La proposición, promovida por CiU, pretendía imponer un plazo más estrecho al Ejecutivo tripartito, reclamando la devolución de los legajos para antes de julio de 2005, lo que fue interpretado por las tres formaciones de izquierda como una «voluntad de abanderar de forma partidista» una reivindicación histórica y ampliamente compartida por las formaciones catalanas. Tampoco desde el PP se aceptó la imposición del plazo y se abogó por «dejar de politizar» el debate, mientras el diputado socialista Francesc Boya advertía a la diputada proponente, Carme Laura Gil, que era una «práctica política más inteligente» «evitar la confrontación con Salamanca». ERC le recriminó que «intenten forzar la máquina» cuando CiU «es la formación que hizo del hoy no toca su eslógan».