El patrimonio como arma política

Ni las vidrieras ni la Catedral de León en su conjunto serán patrimonio de la Humanidad. Eso es lo único claro. Desde que el Ministerio de Cultura envió dos cartas (a la Junta y al Ayuntamiento) exponiendo las razones por las que recomendaba no llevar a cabo la iniciativa municipal, entre la administración autonómica y la local se ha desatado una guerra de acusaciones que tienen al patrimonio leonés, más allá de la Catedral, como protagonista pasivo. Si el pasado martes la consejera de Cultura, Silvia Clemente, acusó al Ayuntamiento de León de hacer demagogia con la declaración, que técnicamente es imposible; el miércoles la concejala de Patrimonio, Evelia Fernández, reiteró airada sus acusaciones de falta de colaboración por parte de la Junta, y de desinterés total por el patrimonio leonés, enumerando las principales carencias inversoras en el amplio abanico de necesidades de la herencia artística local. Ayer fue el director general de Patrimonio, Enrique Saiz Martín, quien se mostró dispuesto a «poner punto final a una absurda polémica», reiterando las acusaciones de utilización demagógica y política del patrimonio por parte del alcalde de León, Francisco Fernández, y su concejala. «Lo que se pretende es un distanciamiento institucional», aseguró Sáiz, quien hizo hincapié en que «la reivindicación se instala en la mentira, se acusa mientras se pretende ofrecer la imagen de que se quiere negociar». El director general aportó documentación sobre los «continuos requerimientos y advertencias a la concejala», como una carta remitida el 26 de julio a la concejala en la que Sáiz recuerda las intervenciones de la Junta en favor de la declaración; y que después de haber ofrecido varias fechas para una reunión con el subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Cultura, aún espera contestación de la responsable municipal para tener ese encuentro al máximo nivel. «Por medio se sucedieron manifestaciones demagógicas que pretendían una repercusión mediática, pero que no conducen a nada si no se acompañan con los necesarios pasos técnicos». Respecto al cruce de acusaciones tras conocerse la recomendación final del Ministerio de Cultura, Sáiz apunta: «No podemos aceptar que ante la negativa de la Unesco los responsables municipales se lancen a una campaña de acusaciones contra la Junta, que no tiene capacidad de decisión alguna en este asunto». En su opinión, «la absurda e interminable polémica es inaceptable porque crea un clima en la relación institucional que el Ayuntamiento pretende utilizar políticamente»; cuando «en asuntos patrimoniales la eficacia en la gestión debe ir independiente de los criterios políticos, como ocurre en otras provincias de la comunidad». Por último, Sáiz advirtió que la Junta no seguirá colaborando con quien le ataca permanentemente. «Los juegos de palabras tienen eficacia en la demagogia política, pero técnicamente sólo sirven para equivocar a los ciudadanos». Concluyó apuntando que la petición de que se trate a toda la ciudad como patrimonio de la Humanidad no depende de la Junta, y que en cualquier caso esta reclamación es «una excusa para ocultar el fracaso en la gestión que habían iniciado». En el mismo sentido se pronunció el procurador popular por León José Manuel Frade, quien incidió en que la Junta se sumó a la petición del Ayuntamiento, pese a que los problemas técnicos de la iniciativa fueron patentes desde un primer momento.