Bruselas exige a RTVE que cumplaya las normas de financiación

La Comisión Europea (CE) afirmó ayer que espera que, tras los compromisos alcanzados por el Gobierno español sobre la financiacion pública sobre RTVE, las nuevas normas entren en vigor antes de fin de este año, según indicaron expertos del Ejecutivo comunitario. «El Gobierno se comprometió a tomar las medidas necesarias para conformarse a las reglas comunitarias, no sólo sobre el régimen general de financiación sino respecto a las garantías de Estado y exoneraciones fiscales», explicaron. Bruselas reconoció que en estos momentos sólo hay un compromiso por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, subrayaron que la CE no tiene razones «para pensar que no se va a cumplir antes de finales de 2005». Las citadas fuentes hicieron hincapié en que se proceda a una separación de cuentas entre el área comercial y el de servicio público. Asimismo, explicaron que Bruselas vigila que no haya «sobrecompensación» de las actividades comerciales. No obstante, recordaron que en este punto, la CE deja en manos de los Estados miembros la definición de qué es un servicio de interés público y «no se entromete» en la catalogación de los contenidos deportivos y de entretenimiento. Aclaraciones a varios países El Ejecutivo comunitario pidió hoy aclaraciones a los Gobiernos de Alemania, Irlanda y Países Bajos en torno a la misión y financiación de sus respectivos organismos públicos de radiodifusión, después de haber analizado varias quejas de terceras partes. La CE llegó a la conclusión de que el actual sistema de financiación en estos tres casos no respeta, a primera vista, las reglas del Tratado de la UE que prohíbe a los Estados miembros acordar subvenciones susceptibles de perjudicar a la competencia. Esta apertura de expedientes se une a los ya abiertos contra España por el citado caso de RTVE--, Francia, Italia y Portugal. Con esta nueva acción de hoy contra las tres televisiones, el Ejecutivo reclama su derecho a control de la financiación de las empresas públicas de radiodifusión y que los nuevos operadores tengan una seguridad jurídica sobre sus posibilidades en el mercado. A pesar de que el Tratado establece que los Estados miembros tienen un mes para someter a la CE sus propuestas que demuestran su cumplimiento de las reglas comunitarias, las televisiones pueden «contraargumentar y alargar los plazos», reconocieron las citadas fuentes. En el caso de que los Gobiernos no presenten medidas alternativas, la CE podría abrir un expediente que, eventualmente, abre la puerta a que no se autoricen nuevas ayudas a partir de una fecha por ser ilegales. Bruselas reconoció que ha recibido denuncias por el tratamiento que se da a los órganos públicos de radiodifusión en Bélgica, por lo que dio a entender que este país será el siguiente en la lista de investigados. Europa exige a estos países que precisen cuál es la misión del servicio público, que haya una separación contable de las actividades de servicio público y de otras actividades y que se introduzcan mecanismos eficaces para prevenir una compensación excesiva de sus actividades. También exige que vigilen que estas actividades comerciales de organismos públicos de radiodifusión respeten los principios de la economía de mercado.