La fiscal cree probada la culpabilidad del imputado en el caso del Archivo

La juez de la sala segunda de lo penal de León dejó ayer visto para sentencia, tras cuatro sesiones orales, el juicio que se ha seguido esta semana contra T.B.C. funcionario de la Junta de Castilla y León, acusado de un presunto delito de robo continuado en el Archivo Histórico Provincial, por el que se le piden penas de entre tres y cuatro años de prisión, además de indemnizaciones millonarias. La lectura de las conclusiones cerró la vista del caso. La fiscal considera que constan pruebas suficientes para condenar al imputado, e insistió en las contradicciones de su discurso. Según sus conclusiones, el acusado «primero afirmó que el material que se encontró en su casa se lo había llevado sin permiso, para decir luego que no lo pidió porque no se lo hubieran concedido». En su exposición hizo constar también que los documentos requisados, según T.B.C. «eran para inventariar, pero luego resultaron proceder de espurgos». Del mismo modo, consideró el ministerio fiscal que el imputado «sabía que la forma de proceder no era lícita, pero dijo que el fin por el que lo hacía lo requería así». También incidió en la contradicción que supone afirmar que «no entró nunca en el archivo mientras estuvo en obras, pero fue visto dentro por los testigos. Tampoco sabía donde estaba el documento titulado Proyecto del Alumbrado de León de 1913 pero luego apareció en su casa, y del mismo modo dijo que no estaba en condiciones de declarar la primera vez que le interrogó la Policía, pero no solicitó ningún médico». Así, para la acusación, está probado que, una vez que se iniciaron las diligencias, trató de convencer a varios párrocos de iglesias en las que había solicitado documentación de que le firmaran recibos de devolución de material que aún no había reintegrado a las parroquias, para evitar ser inculpado, siempre según la versión de la fiscal, que también reconoció errores en el proceso de devolución de algunos documentos a sus propietarios legítimos por parte de la Policía Judicial. Sólo tres conocedores Destacó que, la ubicación de las obras robadas, sólo era conocida por tres personas en el Archivo Histórico Provincial y que el lugar en el que se encontraban, es de muy difícil acceso para extraños. Finalmente destacó la agravante de abuso de confianza «porque como se escuchó a la directora del Archivo en su testimonio, no se le registraban los bolsillo» y aludió de nueva a las grabaciones telefónicas «en la que se le escucha decir: 'No sé cuánto sería lo último que saqué, porque lo metí en cajas y bolsas'. La fiscal consideró que la juez tendrá un trabajo arduo para establecer la indemnización del libro de La Cepeda, en vista de que las peritaciones oscilan entre 3.000 y tres millones de euros. A su juicio, la peritación más mesurada es la de la Junta, que le otorga un valor de 120.000 euros.