Asociaciones leonesas exigen al consistorio que salve los Principia

Las asociaciones leonesas, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de la Ciudad de León y Ecologistas en Acción de la Provincia en León, critican la posición tomada por la Junta de Castilla de destruir los Principia, calificado por los expertos como únicos por su extraordinario valor histórico. Ante la inminente desaparición de los vestigios arqueológicos, las dos asociaciones leonesas argumentan la obligación del Ayuntamiento de cumplir las normas para la conservación de hallazgos arqueológicos, contenidas en el Plan Especial del Conjunto Histórico de acuerdo con la legislación estatal y autonómica que protege a los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural. El interés y la relevancia de los Principa y su consiguiente utilidad pública queda fuera de duda, según expertos en arqueología romana que han señalado estos restos como únicos en España. Por tanto, «al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León no les cabe ningún tipo de incertidumbre sobre el futuro, que sólo puede ser la conservación in situ», manifestaron las asociaciones a través de un comunicado. Ambas lamentan «la inoperancia de la Comisión de Patrimonio», que insisten en matizar «no es exclusiva de esta provincia, sino que se da en todas las Comisiones Provinciales de nuestra comunidad». La única respuesta posible a esta actuación la asocian a una «decisión que obedece al dictado de intereses políticos y/o a la presión del poder económico», explicaron. Rechazo de la permuta El último episodio en esta larga historia desde que se descubrieron los restos de lo que fue el cuartel general de Legio VII continúa con el rechazo, el pasado miércoles, de los dueños del solar de la última oferta del Ayuntamiento. El Consistorio leonés les brindó la posibilidad de permutar la parcela de San Pelayo por una en el PAU de la Universidad, posibilidad que finalmente no alcanzó las previsiones exigidas por la propiedad. El concejal de Patrimonio, Jesús Cantalapiedra, manifestó que la última vía que le queda al Ayuntamiento es tomar las medidas oportunas para impedir que se arrase este yacimiento. De esta manera, cabría la posibilidad de que la próxima semana se abriese un nuevo contencioso que retrasase las destrucción de los restos romanos. Y el Ayuntamiento podría jugar con la posibilidad de la expropiación para defender los intereses públicos. El Consejo de Europa ha sido otra de las administraciones que ha dado su punto de vista ante este problema, a través de un informe en el que exigían a los responsables políticos la conservación y musealización de los restos romanos de la ciudad. La asociación en defensa del patrimonio, Promonumenta, también ha alzado la voz y ha manifestado que han enviado carta a todos los miembros de la Comisión de Patrimonio de la Junta que votaron a favor de destruir los restos.