El consistorio afirma que no se han iniciado las obras en los Principia El principio del fin del patrimonio leonés

Continúa la polémica y la incertidumbre alrededor de los Principia romanos situados en el solar de San Pelayo, 7. Después de que el martes por la mañana algunos vecinos de Santa Marina advirtieran la presencia de una pala cargadora en el lugar, ayer volvió a ocurrir lo mismo. En este sentido, María José Alonso, concejala de Urbanismo, asegura que «los inspectores han pasado todos los días y tienen actas y fotografías de todo lo ocurrido y de momento no se ha visto movimiento de tierra. Nosotros no podemos decir a esa gente que no tenga allí las máquinas, pero en el momento en que veamos que empiezan las obras, el Ayuntamiento se va a movilizar para paralizarlas porque queremos que esos restos se conserven». Por su parte, el grupo municipal socialista exige «la convocatoria urgente de la Comisión Informativa de Patrimonio para que el Partido Popular rinda cuentas de las gestiones desarrolladas para el mantenimiento de los Principia, una vez que los propietarios hayan comenzado trabajos de construcción sobre los restos romanos, ya que tanto el martes como ayer han accedido excavadoras a la parcela de San Pelayo». Vestigios únicos El Partido Socialista y las asociaciones de patrimonio manifiestan su preocupación porque las máquinas que han entrado al solar hayan podido destruir parte de estos vestigios arqueológicos que han sido calificados por los expertos como únicos por su extraordinario valor histórico. La concejala socialista, Evelia Fernández, asegura que «es vital buscar una solución inmediata por toda la corporación para evitar una pérdida irreparable si no se actúa ya». Fernández añade además «que ya en el mes de mayo, el grupo socialista en la comisión de urbanismo solicitó una reunión monográfica sobre los Principia, que no obtuvo respuesta por parte del Partido Popular y los tránsfugas». La edil socialista achaca «a la desidia y torpeza del alcalde, Mario Amilivia, y a la mala fe, de la Junta de Castilla y León que se haya llegado a esta situación», y recuerda que «el verano pasado los propietarios ya intentaron iniciar las obras y, en esa ocasión, el alcalde, Francisco Fernández, decretó la paralización de la construcción de forma inmediata. Ahora el señor Mario Amilivia guarda silencio». En lo que se refiere a la petición que las asociaciones de patrimonio habían hecho para adelantar la reunión, que Mario Amilivia había anunciado para el mes de septiembre, ni el alcalde de León, ni ningún otro miembro del equipo de Gobierno se han manifestado al respecto. DESDE la Asociación Cultural Leonesa para el Fomento de los Estudios Históricos (ALEFH), sin perjuicio de otros posibles comunicados que podamos firmar con otras asociaciones, creemos necesario mostrar nuestro rechazo a la situación que se mantiene en torno a la conservación de los restos arqueológicos de los Principia del recinto militar romano sitos en el solar de San Pelayo, 7. Resulta paradójico que sea la institución que por competencias y capacidad de acción, o al menos una parte de ella, la que otorgue permiso a la destrucción de nuestro patrimonio. No es necesario expresar nuevamente la importancia de los restos, que ha sido fundamentada por diversos expertos universitarios y entidades relacionadas con el ámbito del patrimonio. Son unos restos únicos en España, pero ni eso ha logrado convencer a la Comisión de Patrimonio. Tampoco la voluntad política del ayuntamiento a través del Alcalde ni de la Junta de Castilla y León a través de su Delegado, que han expresado su confianza en una resolución del contencioso, ha sido suficiente impulso para la obtención de un nuevo informe en el que exprese la necesidad de su conservación. Parece que no son suficientes las distintas opiniones, por un lado la de los ciudadanos de León, por otro la de numerosos expertos y la de nuestros representantes políticos autonómicos, y por tanto superiores de esos funcionarios que son los que dictaminan. Ante esto sólo podemos pensar en dos posibles situaciones, que hay técnicos que tienen más capacidad de decisión que los cargos electos de la Junta o que realmente no existe una verdadera voluntad de conservación de los restos, y por extensión, tampoco ninguna preocupación por cumplir su propia norma, la Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León, la cual dice tiene por objeto «el conocimiento, protección, acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras». Esto no supone ni un acrecentamiento, ni tampoco por supuesto su protección y menos aun su transmisión a las generaciones futuras. Desde nuestra asociación solicitamos, es más, rogamos que hagan valer la voluntad de los ciudadanos por medio de los instrumentos que poseen las instituciones y lleguen a un acuerdo que no sólo mantenga estos restos, sino que sirva de ejemplo para futuros contenciosos. Hay que plantearse un debate en profundidad sobre qué queremos hacer con los restos que aparecen en nuestra ciudad. Un debate en el que estén presentes todas las instituciones y organizaciones implicadas en el tema. La única respuesta es tratar de lograr un acuerdo general entre las partes que evite que en cada ocasión se repitan situaciones como ésta o que dependamos del criterio de unos funcionarios que no representan la voluntad de toda la sociedad.