Los dueños del solar de los Principiapasan de los plazos de Amilivia El cuartel de la Legio VII, un cúmulo de errores

El Ayuntamiento no ha recibido noticias de los hermanos Torices, propietarios del solar donde aparecieron los restos de los Principia (el cuartel general de la Legio VII). El alcalde de León, Mario Amilivia, les dio un plazo de 20 días para presentara una oferta razonable que pusiera fin al conflicto, sin agotar la vía amistosa. Amilivia dejó claro entonces que, en todo caso, la expropiación se ceñiría a los restos romanos y no a toda la finca. De esta forma, los constructores podrían mantener la edificación en la calle San Pelayo, siempre y cuando no toquen los Principia. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con los propietarios -pero nunca están en su oficina y nadie sabe cuándo van a aparecer-, para que expliquen por qué razón no han respondido desde el 11 de octubre al requerimiento del alcalde. La última esperanza Todas las expectativas de conservación de los Principia pasan ahora por la declaración de este yacimiento arqueológico como Bien de Interés Cultural. El pasado día 1 de este mes el Ayuntamiento envió el expediente a la Junta para que inicie los trámites para proteger los Principia de forma definitiva. Es el Consejo de Gobierno de la Junta quien debe tomar ahora la decisión. La declaración de BIC, desde el punto de vista legal, permitirá acudir directamente a la expropiación. De otro modo, sería muy difícil justificar el interés público de los restos, lo que complicaría aún más un asunto que, desde hace años, se dirime también en los tribunales, a los que han apelado los propietarios. Los Principia, construidos posiblemente a finales del siglo I de nuestra era, muy probablemente se asientan sobre el cuartel general de la legión que precedió a la VII Gémina: la VI Victrix. Es decir, que habría habido una superposición de edificios de distintos periodos cronológicos, pero con idéntico uso. Los restos de San Pelayo son, a excepción de la muralla de cubos, las estructuras romanas de mejor calidad de cuantas han aparecido hasta la fecha en la capital leonesa. 1 ¿Quién puede incoar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)? Según la Ley de Patrionio 12/2002 de 11 de julio establece que el expediente se puede incoar a instancia de parte (un particular o una institución, como el Ayuntamiento) o de oficio (la Junta). 2 ¿Cuánto tarda en incoarse el expediente? El procedimiento habrá de resolverse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la fecha de su incoación. Si se produjera la caducidad del expediente, el procedimiento no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que alguna de las instituciones consultivas reconocidas por la comunidad autónoma lo solicitase o así lo hiciera el propietario del bien. 3 ¿Cuáles son los trámites? El acuerdo de incoación del expediente correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado. En caso de tratarse de bienes inmuebles se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente y se abrirá un período de información pública por un plazo mínimo de un mes. 4 ¿Cuándo comenzaría la protección efectiva de los Principia? Desde que se inicia el procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural. De esta forma, los Principia gozarían de forma inmediata y provisional del mismo régimen de protección previsto en ley para los bienes ya declarados. Un cúmulo de desaciertos y de decisiones desafortunadas han dejado a los Principia sin más vía de salvación que la declaración de BIC. Inicialmente, nadie parece conceder importancia a los restos aparecidos en un solar de San Pelayo. El 22 de abril del 2004 la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta considera que el cuartel general de la Legio VII no merece la pena ser conservado, dando así vía libre a los constructores para que lo derriben y construyan un edificio de viviendas. Eduardo Fernández, delegado territorial de la Junta en León, puntualiza que, hasta entonces, el Ayuntamiento había sido invitado en tres ocasiones a las reuniones de la Comisión de Patrimonio, pero sólo acude a una de ellas y no alega nada en contra. «La Junta pudo equivocarse, pero nadie utilizó los cauces administrativos para enmendar este error. Nadie impugnó esa decisión». Es la época de mandato de Francisco Fernández. Un mes y dos días después de este veredicto, cuando ya se han alzado las primeras voces en contra de la destrucción de unos restos únicos en el mundo, el arqueólogo municipal emite un informe en su defensa. Pero el informe, al parecer, queda olvidado en un cajón, porque, según el registro de la Junta, no llega a la Delegación Territorial hasta el mes de octubre. El Ayuntamiento deja transcurrir los plazos sin impugnar el acuerdo de Patrimonio. Además, como recuerda Eduardo Fernández, de forma sorprendente, concede licencia para construir en el solar de San Pelayo. El delegado asegura que, además, el Plan Especial del Casco Antiguo, en la modificación del año 2000, deja cerrada cualquier posibilidad de construir un sótano arqueológico en la finca donde donde se encuentran los restos de los Principia. Las soluciones Con todo este embrollo administrativo, después de la Comisión de Patrimonio de la Junta rechazara la necesidad de conservarlos, los dueños obtuvieran la licencia de obras y la Junta rechazara en el Pleno de las Cortes declararlos Bien de Interés Cultural, apenas quedan soluciones. Según algunas fuentes, los propietarios pedirían tres millones de euros para construir una cripta arqueológica donde habian proyectado el garaje. Las soluciones pasan por indemnizar o declararlos BIC y expropiar.