Cultura invertirá 431 millones en ocho años en el fomento de la lectura

Hasta 431 millones de euros se invertirán en el fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas públicas en los próximos ocho años. Esa es la cifra que contempla la memoria económica del Anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, presentó hoy al Consejo de Ministros. El texto derogará y sustituirá una legislación dispersa y obsoleta en materia de libro que data de 1975, consagrará el precio fijo de los libros -tal como demandaba el sector- y los descuentos en los libros de texto, «con el objetivo futuro de su gratuidad». Convierte además a la biblioteca en el agente básico de la promoción de la lectura. Precio fijo Según explicó la ministra tras el Consejo de Ministros, «el mantenimiento del precio fijo, en realidad único de los libros, es lo más definitivo del anteproyecto, para no convertir a los libros en pura mercancía». «Esto supone -añadía- no desmarcarnos de los países europeos que mantienen esta decisión y mantener los descuentos que traen un cauce de legislación anterior y que afectan a los libros en el ámbito educativo». «En el marco de los compromisos del Gobierno está llegar a la gratuidad de los libros de textos y del material escolar de los niños y niñas del sistema educativo» precisaba Calvo. El precio fijo, muy bien recibido por los editores, responde «a una política decidida de excepcionalidad cultural para garantizar una oferta plural, en torno a los 40.000 títulos publicados al año, que, como patrimonio cultural, no verían la luz al albur, exclusivamente, de las leyes del mercado». La ministra señaló que la nueva norma «establece un sistema sancionador mucho más riguroso» y «refuerza la competencia, no siempre leal que se establece en los comercios en los que se ofrecen libros dentro del mercado». Se felicitó Carmen Calvo de que España haya superado la cifra del 57% de lectores, un registro «alentador» y ante el cual la nueva ley del libro es «una necesidad jurídica y social para acomodar una norma preconstitucional a la actualidad social y económica». Unas normas que «no abordaban la cadena completa desde le creador hasta quien recibe un libro como mercancía y bien cultural».