La revisión del PGOU, clave para la defensa municipal de los Principia

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentaron el jueves la respuesta al recurso contencioso que los propietarios del solar de los Principia hicieron efectivo el pasado mes de agosto. El argumento del Consistorio para rebatir los fundamentos del contencioso se basa en el hecho de que en el momento en el que los dueños de la parcela solicitaron la licencia del proyecto básico (13 de mayo del 2003) existía una suspensión en la concesión de licencias debido a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este proceso conlleva por lo tanto que, durante todo el periodo anterior a la aprobación del PGOU, deben cumplirse los plazos prescritos por ambos planes. Tres meses y no uno Una de las argumentaciones utilizadas por los Torices en el recurso defiende que la licencia se concedió por silencio administrativo después de un mes. Sin embargo, antes de la revisión del PGOU, la norma establecía que debían cumplirse tres meses y no uno como en la actualidad. «La documentación estuvo incompleta, luego no se puede aplicar en este caso el silencio administrativo», destaca el letrado del Ayuntamiento. Para seguir con la argumentación del Ayuntamiento hay que hacer algo más de historia. El 13 de enero del 2005, los propietarios de la parcela presentaron el proyecto de ejecución, proyecto que no se ajustaba al básico por dos razones: ampliaba la superficie del sótano y preveía además una planta de sótano. Sin embargo, un mes más tarde, el 15 de febrero, los Torices presentan certificación de acto presunto por silencio administrativo que resulta desestimado por acuerdo de Junta de gobierno el cuatro de marzo. Desde el Ayuntamiento se advierte a los Torices: o se presenta un proyecto de ejecución que se ajuste al básico o deben pedir una nueva licencia. Es entonces cuando los dueños de la parcela argumentan que tienen ese segundo proyecto aprobado por silencio administrativo e inician las obras en el mes de agosto, trabajos que se paralizan y llevan a los Torices a presentar un nuevo contencioso. Además del argumento de los plazos, los servicios jurídicos municipales alertan en la respuesta al recurso de que en el nuevo Plan de Ordenación Urbana se establece de manera clara que la zona arqueológica donde se asientan los Principia está sujeta a la normativa de bienes catalogados, con lo que no se puede tocar. Por último, se indica que, en cualquier caso, el recurso que hacen los Torices del instrumento del silencio administrativo es negativo, por cuanto que, al existir un sótano a mayores, el proyecto de ejecución no puede desarrollar el básico. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que hará falta un año para que el juez resuelva si falla en beneficio de los propietarios o el Ayuntamiento. Prevaricación Resulta además revelador el hecho de que los dueños del solar solicitan al juez que, junto a la imposición de costas al Ayuntamiento, traslade al fiscal la posibilidad de investigar hasta qué punto las autoridades y funcionarios que se han visto implicados en el desarrollo de los contenciosos (entre ellos los alcaldes Mario Amilivia y Francisco Fernández y los concejales de Urbanismo y Patrimonio Francisco Gutiérrez, Mª José Alonso, Jesús María Cantalapiedra y Evelia Fernández) pudieran haber incurrido en varios delitos de prevaricación y falsedad en documento público.