Que el pueblo se pronuncie

POR SEGUNDA vez y por segundo año consecutivo, los ciudadanos libres, aquí presentes, no mediatizados por compromiso político alguno, tienen que mostrar, en pública manifestación, su disgusto, su enfado, su justificado cabreo, sus irrenunciables demandas y sus exigencias, ante unos hechos que, más que próximos a la desidia, a la dejadez o a la incompetencia, el jurado popular los sitúa ya en las cercanías del delito. Delito, sí, puesto que, si delito es atacar vida y hacienda de particulares, en grado mayor supone un delito el hecho de violentar el patrimonio de un pueblo, de un país o de la humanidad entera. Delito, sí, puesto que, si delito supone el incumplimiento de obligaciones contractuales graves entre personas, en mucho mayor grado lo es, el hecho de no hacerlo cuando se poseen las competencias y los medios exclusivos y excluyentes para hacer frente a esas obligaciones asumidas, por propia voluntad e incluso contra el deseo expreso de los administrados (...) ¿Qué pueblo habría consentido el derrumbe de los sueños, de las plegarias, de los momentos de dolor, de los proyectos colectivos de sus antepasados, plasmados en piedra y convertidos en arte universal de las épocas más variadas? Monumentos de la talla de la Basílica paleocristiana de Marialba o el Monasterio de San Miguel de Escalada, o la Iglesia de Peñalba de Santiago, o la Real Basílica Colegiata de San Isidoro o esta maravilla del gótico universal o el Palacio del Conde Luna, sólo por citar algunos ejemplos de los más recientes y de los más próximos físicamente, además de los aludidos en alguna de las pancartas que han paseado su grito de protesta esta fría noche, languidecen, cuando no se derrumban o se hunden por el peso (...) Pero, ¿por qué habremos de esperar siempre que desgracias semejantes sucedan para sentirnos obligados a tener que hacerlas frente? Pues bien, con claridad meridiana, con la rotundidad de su desplome, las piedras han hablado y su grito sacude las entrañas de los hombres de bien. Es cierto que no podemos evitar ya lo sucedido, pero tampoco podemos contemplarlo resignados; ante la trascendencia de los hechos, exigimos que rueden las cabezas políticas de los responsables de este delito, de este crimen de leso patrimonio; no podríamos decirlo ni más alto ni más claro: si aún les queda un ápice de sensibilidad, en un arranque de honradez y frente al espejo de sus gravísimos errores, solicitamos la dimisión voluntaria de la consejera y de la ministra de Cultura. Si así no fuere, exigimos, por parte de los respectivos presidentes, su cese fulminante. Ya no caben otras soluciones. Pronúnciese el pueblo y calle el pregonero.