Recursos para el patrimonio cultural

ALGO SE ESTÁ rompiendo en León y no sólo, lamentablemente, el legado patrimonial. También se rompe la credibilidad de una administración regional, incapaz de dar soluciones a los problemas del patrimonio leonés, que son los mismos que afectan al resto de la comunidad. Las obras que no se mantienen acaban deteriorándose. El deterioro conduce a la ruina y esta a la fractura o al desmoronamiento. Lo sucedido en el último mes en el patrimonio de la provincia leonesa evidencia la falta de atención, cuando no abandono u olvido, por parte de la Junta de Castilla y León, administración con absolutas competencias en la materia. No se podrá escudar uno solamente en el mal de la piedra o en los cambios térmicos (ambos han existido siempre). El desprendimiento de dos gárgolas en la Catedral de León es, desde luego, un acontecimiento llamativo -tanto por lo insólito, como por el potencial peligro que encierra para la seguridad de las personas-. Aún por lo espectacular, la noticia no pasaría de mera anécdota, si fuera un caso aislado. Pero no lo es. En efecto, la caída de las gárgolas no ha sido la única. El hundimiento del suelo con el desplome de las aras en la iglesia mozárabe de San Miguel de Escalada pone en evidencia que las cosas no se han hecho bien. La fractura de una columna del interior del templo de Santiago de Peñalba no es algo meramente fortuito. El deterioro del artesonado mudéjar de San Francisco, por causa de las goteras, es algo que no se produce de hoy para mañana. El deterioro de las ruinas de la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, tampoco. Cuando en León todavía están pendientes de resolver 10 expedientes de declaración BIC de conjuntos históricos (esto es, el 50% de los conjuntos reconocidos, lo que equivale al mayor porcentaje de toda la comunidad), se pone de relieve que no sólo son los agentes atmosféricos los que actúan en la degradación del patrimonio monumental. Hay algo más. Hay una inacción o falta de capacidad por parte de la Consejería de Cultura. León por otro lado ocupa el séptimo lugar en número de BIC de las nueve provincias de la comunidad, sólo por delante de Ávila o Zamora. La falta de voluntad política, para destinar más recursos a la conservación y restauración del patrimonio cultural de Castilla y León, se pone de relieve en la incapacidad de la Junta para desarrollar el reglamento del uno por ciento cultural. Desde que en 2002 se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural han pasado más de cuatro años (toda una legislatura) sin que los responsables políticos -desde el presidente Herrera hasta la consejera Clemente- hayan tomado la decisión de poner en marcha esta iniciativa que generaría importantes recursos para la gestión y conservación de nuestro patrimonio. Por contra, lo han aplicado ya comunidades como Andalucía, desde 1995; Cataluña (1994); Aragón (1987); Asturias (1989); Extremadura (2001); Murcia (1990) o el País Vasco (1998). Por su parte, la administración central del Estado, ha destinado este pasado año al patrimonio del país cerca de 50 millones de euros del uno por ciento cultural. Mientras tanto, en Castilla y León estamos esperando que la Junta se decida a hacerlo. De haber tenido ya desarrollado este reglamento, el uno por ciento cultural hubiera supuesto, con arreglo a las inversiones directas para 2006, destinar al patrimonio cultural de la comunidad en torno a los 14 millones de euros. La región no se promociona sólo con los viajes de la consejera Silvia Clemente al extranjero. Pudiera pasar que, debajo de la capa de barniz, el tronco esté decrépito. Dicho de otro modo, ¿cómo promocionar el turismo de nuestra comunidad cuando uno de sus principales activos -el patrimonio- se cae, se desmorona o se fractura? Es preciso, pues, destinar más recursos al mantenimiento, conservación, rehabilitación y promoción de nuestro legado histórico, artístico y monumental. Concitar también la iniciativa privada, sí, pero con la administración pública al frente de una política decidida, sincera y firme. El patrimonio cultural no debe entenderse como una carga -como lo conciben los actuales responsables de la Junta-, sino como un legado generador de riqueza.