El nuevo reglamento trata de agilizar los trámites de actuación administrativa
La Junta obligará a los propietarios a abrir el patrimonio al público
Los delegados territoriales tendrán poder para actuar ante la ruina de los bienes culturales
Cinco años después de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el reglamento que desarrolla esta normativa en la comunidad. Según explicó la consejera de Cultura, Silvia Clemente, entre las novedades de este Reglamento, que viene a unificar toda la legislación vigente y a ofrecer una mayor garantía jurídica a todas sus actuaciones, destaca la regulación del uso público de los bienes patrimonio de Castilla y León que son propiedad de particulares. En este punto, la consejera explicó que se establecen nuevas obligaciones para los propietarios de bienes patrimoniales, como es su apertura a las visitas, algo que se sumará a las obligaciones de mantenimiento y conservación ya existentes. Clemente destacó, por otro lado, la creación de un nuevo foro de trabajo como es la Comisión de Patrimonio de Castilla y León, encargada de velar todos los bienes patrimonio de la comunidad así como de tomar decisiones en torno a aquellas actuaciones que afecten a más de una provincia. También es novedosa la creación de la figura de los Bienes Inventariados, que son aquellos bienes muebles o inmuebles que sin estar declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) necesitan ser protegidos de alguna manera. 1397124194 Competencias para los delegados Asimismo, el Reglamento aumenta las competencias de los delegados territoriales en materia de patrimonio histórico y cultural. Entre otras cuestiones, se les habilita a dar permisos sobre visitas, sobre la declaración de ruina de un BIC, cuando su estado pueda afectar a otros bienes o a las personas, sobre la adopción de medidas cautelares como puede ser la paralización de una obra, etc. Asimismo, podrán remitir informes a los ayuntamientos sobre la conservación que estos hacen de los bienes históricos o culturales de titularidad municipal. En definitiva, según explicó Clemente, se trata de garantizar «más cercanía e inmediatez» a la toma de decisiones en materia de patrimonio histórico y cultural.