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León

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ALGUNOS investigadores pretenden apelar a la propiedad intelectual para proteger el contenido y las conclusiones de sus estudios, pese a haberlos financiado con fondos públicos. Es decir, que todos pagamos su investigación, pero luego no quieren que sepamos lo que han averiguado y si realmente merecía la pena lo que «nos han costado». Son casos excepcionales, pero muy significativos. Se trata de personas que suelen prometer grandes hallazgos y, al fracasar, buscan una cortina de humo. También se da el caso de quienes llegan a una investigación por lazos de amistad o parentesco, algo que puede ser legal pero absolutamente inmoral. ¿No se puede hacer algo?