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Publicado por
JOSÉ JAVIER ESPARZA
León

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ERA una vieja historia, pero se ha convertido en noticia ahora. En noviembre de 2006, el programa El buscador , de Telecinco, emitió un escandaloso reportaje sobre el cómico Fernando Esteso y sus enjuagues familiares, privados, financieros y de todo orden. Ahora la cadena ha sido condenada a pagar 100.000 euros a Esteso -un capitalito, ciertamente- por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad. Como es sabido, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen es el límite constitucional a la libertad de expresión. La sentencia la ha dictado un tribunal de primera instancia (el de Totana, en Murcia). Ahora Telecinco la recurrirá, como es norma. Por otro lado, la cuantía de la sanción, enorme para una economía particular, no deja de ser asequible para una cadena de televisión; habría que saber qué beneficios reportó a Telecinco, en concepto de publicidad y otros, el mantener en antena esa historia. Pero en todo caso, a efectos televisivos, lo que debe quedarnos es el hecho de la condena, y ello con independencia de la opinión que nos merezca la persona de Fernando Esteso, que realmente dista de ser un benefactor de la humanidad. La noticia de esta resolución judicial es importante por sus potenciales implicaciones, por lo que pueda significar de aquí en adelante. Si la televisión está en España como está, es porque nadie le ha puesto el cascabel al gato. Si han sido y son tantos los abusos de los canales, es porque todos ellos han quedado sin sanción proporcional, porque nadie se ha atrevido a cruzarse en el camino de unos canales todopoderosos. Esa tarea correspondía a los tribunales, pero éstos, por las razones que fuere -insuficiencia de las denuncias, inadecuación de la ley, quizás otras razones menos nobles-, no la han cumplido, y los poderes políticos, por su lado, han rehuido afrontar el problema. Y, claro, cuando una falta no se sanciona, la falta se convierte en hábito. Eso está en la misma naturaleza de las cosas: si a uno no le para nadie cuando se salta el cartel de «Prohibido entrar», el siguiente paso es el allanamiento de morada, y al final encontraremos al intruso sentado en nuestro sillón y bebiéndose nuestro brandy. Los canales de televisión se han beneficiado hasta ahora de una ostensible abdicación legal, abdicación en la que los canales son al mismo tiempo beneficiarios y culpables, pero donde los responsables son los tribunales, los gobiernos y la propia sociedad, que durante demasiado tiempo se ha limitado a gozar del espectáculo sin más muestra de desagrado que alguna ocasional mueca. Que esto empiece a cambiar no será malo para la libertad de los profesionales que hacen televisión y, además, será bueno para las libertades del resto de la ciudadanía. A ver cómo evoluciona el asunto.