Consejo

UNA de las primeras cosas que nos vamos a encontrar en la nueva legislatura es la irrupción del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, institución que, junto a la Ley General Audiovisual, conforma el núcleo de la reforma del sector. Esta reforma fue pactada por las empresas y el Gobierno meses atrás y ahora sólo falta que dé sus primeros pasos, una vez se constituyan las nuevas Cortes y el nuevo Gobierno. ¿Para qué hace falta el Consejo? Lo que nos han dicho es que tiene cuatro finalidades: velar por el respeto de los derechos y libertades en el ámbito de los medios de comunicación públicos y privados; garantizar la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación audiovisual, su pluralismo y su libre competencia; supervisar el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas a la radio y la TV de titularidad estatal, y velar por los contenidos de los canales radiofónicos y de TV, para que respeten los principios y valores constitucionales. ¿No da un poco de miedo? Hay que recordar que lo primero que hizo el Consejo Audiovisual cuando empezó a funcionar en Cataluña fue arremeter contra los medios de comunicación críticos con el gobierno autonómico. Esto es altamente preocupante y da una idea de lo que podemos esperar si no aplicamos sobre el nuevo organismo la mayor de las vigilancias. El problema es que esa vigilancia, queramos o no, terminarán aplicándola los partidos políticos, y aquí entramos en uno de los problemas esenciales de la vida pública española: el exceso de presencia de los partidos, sus maquinarias y sus intereses, que se extienden desde los medios de comunicación hasta los tribunales, desde la Sanidad hasta las escuelas. Es como si en España no hubiera nada entre el ciudadano y el poder más que, precisamente, los partidos, que se apoyan en el ciudadano para conquistar el poder. En otras circunstancias, uno podría esperar que los profesionales fueran capaces de organizarse para protegerse, pero también aquí hemos visto que el peso no corresponde tanto a los profesionales como a las empresas, que son algo distinto y, por otro lado, tampoco son ajenas al juego de partidos. El hecho es que el proyecto del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales no puede ser más partitocrático: diez miembros nombrados por el Gobierno previa propuesta del Congreso -es decir, por los partidos- por mayoría de dos tercios. Ese Consejo, sin embargo, se quiere presentar como una «autoridad independiente». ¿Independiente de quién? ¿Cómo puede ser independiente del poder alguien que es nombrado por el poder, independientes de los partidos quienes son elegidos por los partidos? Con ese lastre, hay más razones para la inquietud que para el sosiego.