La protección patrimonial

LAS decisiones políticas adquieren carta de naturaleza como condicionantes positivos o negativos de cara a la protección y difusión del Patrimonio. En consecuencia, es obligación de la administración pública en todos sus niveles no sólo ejercer el control de las intervenciones arqueológicas urbanas y exigir una investigación científica sobre los restos exhumados, tal y como marca la Ley de Patrimonio de 1985, sino también conservarlos y difundirlos. Especialmente llamativa es la situación de la cripta de Puerta Obispo, que a los diez años de su inauguración por parte del príncipe de Asturias, y tras diversas aperturas parciales, sigue sin abrirse definitivamente al público por un problema económico relacionado con su propiedad, a pesar de requerir únicamente una obra mínima de musealización para mostrarse al público. Es preciso que las instituciones interesadas reflexionen profundamente sobre la política cultural que desean seguir en el campo de la arqueología romana, más aún cuando alguna de las instituciones implicadas, como el Ayuntamiento de León, promueve y subvenciona las intervenciones arqueológicas en el yacimiento medieval de Puente Castro desde hace varios años, lo que indica bien a las claras un interés por estas cuestiones. Espero que en los próximos meses se encauce definitivamente la Ruta Romana.