Consejos

RELEÍA YO la otra tarde aquel bienintencionado, probablemente ingenuo volumen que publicó la Academia de Televisión bajo el título ¿Queréis un buen Consejo? y que tenía por objeto reflexionar sobre la figura de los Consejos Audiovisuales. En un paisaje caracterizado por el escándalo cotidiano de los excesos de las cadenas, por la dependencia gubernamental y por el desprecio sistemático hacia el público, los Consejos Audiovisuales podían ser una tabla de salvación neutra y democrática para regular el sector audiovisual y defender al ciudadano. Ahora la noticia es que el Consejo Audiovisual de Cataluña acaba de arrebatar, por ukasse administrativo, dos frecuencias a una conocida cadena de radio de oposición para dárselas a otra cadena que también es, en principio de oposición, pero cuyo máximo propietario es considerado «amigo» por el Gobierno de turno. No nos liemos con los protagonistas del cuento; en el fondo, da igual quién haya sido el perjudicado y quién el beneficiario. Lo que cuenta es más bien esto otro: aquí un poder público se ha arrogado el derecho de acallar unas voces y habilitar a otras. Eso, en mi pueblo, se llama liquidar la libertad de expresión. Y en lo que concierne al aspecto propiamente televisivo, es realmente doloroso que el agente de la medida haya sido un organismo creado, en principio, para velar por los derechos de los espectadores y por la pluralidad informativa. Esto da la medida de la enorme perversión que el episodio representa: es como si en este país no fuéramos capaces de hacer nada sin corromperlo inmediatamente. ¿A quién está defendiendo el Consejo Audiovisual de Cataluña? La cifra de dinero público invertida por el gobierno catalán para salir al rescate de los «medios amigos» ascendió en 2007 a la friolera de 18 millones de euros (para los clásicos: más de 3.000 millones de las antiguas pesetas). Y esa cifra, según la información publicada, se refiere sólo al «parche salvavidas», no al presupuesto inicial, que es incomparablemente superior. Según la misma información, la radiotelevisión pública catalana fue el año pasado la segunda empresa de comunicación de toda España con mayores pérdidas. Hace algunos años, en un debate profesional en la Fundación COSO de Valencia, un dinámico directivo de TV3 me espetó que él se sentía «orgulloso de trabajar en la televisión nacional de Cataluña». Allá cada cual con sus orgullos. A mí me daría vergüenza trabajar en una sanguijuela alimentada con dinero público para servicio de un Gobierno sectario que hace mangas y capirotes de la libertad de expresión. Pero quizás esto sea un prejuicio pasado de moda. «¿Queréis un buen Consejo?», decía el informe de la Academia. Helo aquí: abandonad toda esperanza.