«Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación»

El estatuto de autonomía de Castilla y León, en su artículo 5.2 sobre la lengua castellana y el resto del patrimonio lingüístico de la comunidad, recoge lo siguiente: «El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación». Pues bien, más de un año después de la entrada en vigor de la reforma del estatuto, el gobierno autonómico no sólo no ha diseñado ningún plan a medio-largo plazo para impedir la extinción del leonés, estudiándolo y catalogándolo de forma sistemática, o emprendiendo un programa de publicaciones, sino que los responsables de las consejerías directamente implicadas apenas tienen idea alguna del estado actual del leonés ni han pedido consejo para saberlo.