El Procurador del Común pide a la Junta que proteja el leonés
Da la razón a la asociación Furmientu y critica que el gobierno autonómico no lo fomente pese a figurar en el propio estatuto
Una política lingüística adecuada incluiría medidas en educación, rotulación bilingüe, etc.
El Procurador del Común, que es el equivalente del Defensor del Pueblo en Castilla y León, ha vuelto a dar la razón a una asociación de la región leonesa. Si esta semana llamaba la atención a la Junta -”de nuevo-” por los «graves errores y omisiones» detectados en los libros de texto de Secundaria (especialmente relacionados con la ocultación de lo leonés, su confusión o asimilación con lo castellano, y el hecho de retrotraer la historia de la comunidad hasta tiempos prehistóricos para dar la idea de una antigüedad que no posee), en respuesta a las críticas de Pro Identidad, ahora ha contestado a la asociación zamorana Furmientu con respecto al tema del leonés.
Y así, el Procurador del Común acaba de enviar a la administración autonómica una resolución formal instando a legislar la protección, uso y promoción de la lengua leonesa, tal como establece el actual estatuto de autonomía.
Las Consejerías de Educación y Cultura y Turismo ya se habían defendido, tal y como recogió este periódico, arguyendo los simposios de estudio del leonés organizados, con carácter bienal por el Instituto de la Lengua y la Universidad de León, y las clases extraescolares que promueve el municipio de León ciudad. El Procurador considera que se trata de «medidas positivas», pero que «deben estar seguidas por el cumplimiento del mandato incorporado en la redacción del estatuto».
En su el documento de queja, Furmientu precisaba que estos simposios poco tienen que ver con un desarrollo legislativo que fomente la protección, uso y promoción del leonés (como consta en el estatuto), y que ya estaban programados con anterioridad a la última reforma estatutaria.
En cuanto a la actividad extraescolar de cultura y lengua leonesas, aclaran que se trata «de una iniciativa del propio Ayuntamiento, que de ningún modo se puede anotar en el haber de la Junta».
Primero, donde se hable. «En cualquier caso, es obvio que no es ese el lugar más apropiado para la enseñanza de una lengua -”continúan-”, y que la función de la administración autonómica debe ser promover la integración de su estudio con carácter voluntario en el currículum general, garantizando la idoneidad de contenidos y docentes. Asimismo, se trataría de ofertar este estudio, en primer lugar, en aquellas comarcas donde se puede considerar lengua tradicional y en segundo lugar en cualquier punto donde exista una demanda suficiente».