Villar, pésimo gestor sin condena
El juez archiva la causa contra el presidente de la Federación de Fútbol pero le censura
El titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, acordó ayer el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en la que estaban imputados, entre otros, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y el vicepresidente Juan Padrón.
La investigación se inició en el 2003, tras la denuncia presentada por el entonces vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, contra Villar, Padrón y otros directivos de la RFEF por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.
En el auto, el magistrado concluye que «la investigación judicial únicamente ha acreditado retrasos en devoluciones, contratos que pudieron ser mejorables, irregularidades formales en las gestiones de las subvenciones no delictivas y pésima gestión en contabilidad de viajes, dietas y compra de divisa extranjera».
La resolución alude también a «incrementos patrimoniales de los imputados que no derivan de fondos de la Federación o de comisiones de empresas que contrataron con la misma, por lo que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado formación de esta causa».
Así, el juez entiende que la causa «debe ser sobreseída provisionalmente», tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, después de examinar el informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la financiación pública de la RFEF y control del destino de dichos fondos de los ejercicios 2002 y 2003. Ese informe, que examinó la utilización de fondos de la RFEF para costear viajes privados de sus empleados y familias, concluía que «la facturación de dichos viajes era caótica y su contabilidad defectuosa», conducta que «puede dar lugar a una responsabilidad civil pero no constituye un delito de apropiación indebida ni de administración desleal». También detectó «incrementos en las cuentas de los imputados de origen desconocido», pero cuya procedencia delictiva no se ha acreditado según el auto, que puede ser recurrido.
Además de Villar y Padrón, en la causa estaban imputados el administrador general, José María Castillón y los directivos Antonio Borrás y Juan Espino, así como la Sociedad de Estudio 2000 -”proveedor oficial de las federaciones autonómicas-” y Juan Antonio Padrón, hijo del vicepresidente.