fútbol. una sentencia que tambalea el futuro de la Cultural
Lo que mal empieza mal acaba
El juez inhabilita a administrar bienes ajenos por dos años y a la pérdida de 1,8 millones de créditos a sólo cinco de los 18 consejeros de la Cultural que gestionaron la entidad desde
Carlos Emperador, el abogado culturalista y García de Celis, en el Juzgado.
Los consejeros de la Cultural que asimismo forman parte de la plataforma Promociones del Fútbol Leonés (Profutle), accionistas mayoritarios de la Cultural Leonesa SAD, Domingo Cueto, Carlos Emperador, Antonio García de Celis, Dionisio Elías y Alfredo Martínez han sido declarados como únicos «culpables» de la quiebra de la sociedad que acabó desembocando en el proceso concursal, pese a que en la sentencia decretada por el Juzgado de lo Mercantil de León aparece como hecho probado que «la sociedad concursada (la Cultural SAD) se hallaba en situación de insolvencia cuando los citados cinco administradores sociales entraron a formar parte de su consejo de administración el 28 de diciembre de 2006, no obstante lo cual no presentaron la solicitud de declaración judicial de concurso de acreedores hasta el 15 de junio de 2009», argumenta el fallo del Magistrado Juez Pablo Arraiza.
En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de León se exime de culpabilidad al Ayuntamiento de León, que como accionista, también ha tenido diferentes representantes políticos en el consejo de administración, los dos últimos el actual vicealcalde Javier Chamorro y la concejala de Deportes Natalia Rodríguez Picallo.
La declaración como culpables conlleva la inhabilitación, por un periodo de dos años, de los responsables actuales de la entidad, de los 18 consejeros que han gestinado la entidad desde su transformación en SAD en el año 2001, así como con la pérdida de sus créditos subordinados, que se elevan a los 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas), que ya habían anunciado cuando se aprobó el convenio de acreedores que los iban a convertir en masa accionarial para el sostén de la Cultural.
Una vez decretada la sentencia, se rechaza, en parte, la petición de los abogados de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, que habían solicitado, en primera instancia, en la vista oral del día 3 de noviembre la declaración de «concurso fortuito», aunque en segunda y última instancia el letrado de la defensa, Pedro Álvarez canal, pedía la inhabilitación mínima para sus representados, en este caso los cinco miembros del consejo de administración de la Cultural, como finalmente así ha sucedido tras conocerse el fallo judicial.
Mientras, el ex administrador concursal de la Cultural, Emilio Guereñu, y el fiscal habían planteado en su petición la inhabilitación hasta los 12 años, situación que finalmente no se ha producido, así como responder con su patrimonio personal a la situación de quiebra. Como hechos probados, la Cultural y Deportiva Leonesa SAD fue declarada en concurso voluntario mediante auto en el Juzgado de lo Mercantil de fecha 17 de junio de 2009. A la fecha de declaración de concurso la gestión de la deudora venía encomendada a un consejo de administración presidido por Domingo Cueto Acevedo e integrado además como vocales por Domingo Cueto Acevedo, Dionisio Elías Prieto, Carlos Javier Emperador Franco, Antonio García de Celis, Alfredo Martínez Pérez y José María Rodríguez de Francisco, quienes ostentaban tales cargos desde el 28 de diciembre de 2006, cuando la sociedad concursada se hallaba en situación de insolvencia cuando los citados administradores sociales entraron a formar parte de su consejo de administración el 28 de diciembre de 2006, no obstante lo cual no presentaron la solicitud de declaración judicial de concurso de acreedores hasta el 15 de junio de 2009, con lo que agravaron aquella situación al incrementarse cuando menos en 736.204,89 euros el desbalance del fondo de maniobra desde la fecha de su entrada en el órgano de administración de la deudora. Los actuales dirigentes aducen que dicho debalance «se debe al impago por parte del Ayuntamiento de León de las cantidades pactadas en un primer momento en materia de subvenciones aprobadas», indica el consejero de la sociedad anónima deportiva Dionisio Elías.
Los citados administradores sociales obviaron el deber de legalización de los libros contables de la sociedad, lo que imposibilitó el conocimiento de la verdadera situación financiera y de resultados de la misma. Asimismo, incumplieron el deber de depósito en plazo de las cuentas anuales en el Registro Mercantil desde que tomaron posesiónde sus cargos en 2006, según expone otro hecho probado del fallo judicial. El futuro de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD queda en el aire a la espera la junta general de Profutle.
En la citada reunión de la plataforma que atesora la propiedad de la Cultural se tomarán las decisiones precisas, con la única finalidad de salvar a la Cultural de una desaparición más cercana que nunca en su historia.