Los cazadores de la provincia se movilizan contra la Ley de Caza

La primera reunión convocada por la Delegación Provincial de la Federación de Caza en el salón de actos del edificio Fierro, a la que habían sido invitados los responsables de Medio Ambiente del PSOE, consiguió un mayor eco de lo esperado al encontrarse el salón abarrotado por cazadores y titulares de cotos de caza. La Ley de Caza de Castilla y León, publicada en 1996, y más concretamente el polémico artículo 12, que responsabiliza a los mismos de los daños producidos por las piezas de caza, ha conseguido unir a un colectivo que ve con preocupación el futuro de la actividad y el deporte cinegéticos. En los últimos años, los accidentes de tráfico provocados por jabalíes y corzos, especialmente, se han multiplicado. Las indemnizaciones alcanzan cifras millonarias y las compañías de seguros se niegan a suscribir pólizas en los cotos con mayor número de siniestros. Miguel Hidalgo, diputado provincial por el Partido Socialista y experto jurista realizó un análisis comparativo de la normativa regional frente a la de otros países como Austria. En este país, al igual que en la mayoría de países europeos, los daños producidos por la fauna salvaje tan solo se imputan al titular de la misma cuando incidan sobre la agricultura o los montes, nunca en los accidentes de tráfico salvo en caso producirse durante la celebración de monterías. La responsabilidad del accidente corresponde al conductor cuando éste se produzca por imprudencia como exceso de velocidad o de alcohol. En el resto de supuestos funciona como un atropello normal y es el seguro del vehículo el que ha de cargar con los daños. Casos reveladores Por su parte, el delegado de la federación, Miguel Fierro, puso de manifiesto la incongruencia de una ley, única en el mundo, y que carga sobre los cazadores toda la responsabilidad, incluso en épocas de veda. Incide en que no son los animales los que han invadido las vías públicas, sino éstas sus hábitats naturales. Se hizo ver que la mayoría de carreteras carecen de señalización adecuada. «Imaginemos una finca particular que es atravesada por una carretera. Además de los perjuicios ocasionados por la expropiación, se condena al titular a sufragar los posibles accidentes provocados por los animales salvajes. No tiene sentido», afirmó Fierro. Para colmo, la línea de subvenciones que otorga la Junta de Castilla y León para fomento de la caza sólo sirven para «vallar gratis las fincas de los ricos». Las complejidades burocráticas, siempre según el delegado, impiden a los cotos privados de los pueblos con muchos propietarios presentar toda la documentación en tiempo y forma, de manera que sólo pueden hacerlo los grandes latifundios. Para colmo, el animal que quiere atravesar la carretera ha de hacerlo por la zona que no está vallada, con lo que se traspasa el problema al coto privado de al lado. En un turno de intervenciones fueron tomando la palabra varios titulares de cotos con diferentes problemas. En Carbajal de la Legua, por ejemplo, llevan contabilizados doce accidentes en lo que va de año en la carretera N-630, que sigue sin señalizarse debidamente. En el valle del Fenar han tenido desde junio hasta la fecha siete accidentes con corzos, dándose la circunstancia de que estos animales no figuran en su plan cinegético y, por lo tanto, no pueden cazarse, proponiendo que al menos durante la veda se eximan las responsabilidades. Otra de las intervenciones se refirió al hecho de que cuando hay un accidente no se avisa al titular del coto para comprobar la responsabilidad. En otras ocasiones, cuando el accidente se produce en terrenos de reserva, el juez responsabiliza al acotado más próximo razonando que el animal procede de allí. «Cuando no había seguros no se conocían accidentes, ahora los hay cada día». Antes de finalizar la reunión los responsables del Partido Socialista se comprometieron a presentar una interpelación parlamentaria para suprimir o modificar debidamente el polémico artículo de la Ley de Caza ante las Cortes de Castilla y León.