La pena por riña tumultuaria es de seis meses a un año de prisión

Los implicados en los actos violentos y vandálicos entre aficiones radicales de la Cultural y del Burgos este sábado pueden pagar caro el llevar a las manos la rivalidad deportiva mal entendida. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno, están recabando la identidad de todos y cada uno de los integrantes de la cuarentena de participantes en la reyerta callejera de Papalaguinda para ponerlos a disposición judicial; y al autor o autores de las puñaladas, golpes y daños físicos sobre los seis radicales heridos se enfrentan a un delito de lesiones por agresión con armas, objetos, instrumentos, medios métodos o formas peligrosas para la vida o la salud del lesionado A todos ellos se les busca por un delito de riña tumultuaria, tipificado en el artículo 154 del Código Penal. Sólo «por participación», según reza el texto, la pena de prisión establecida es «de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses». Pero además, de entre ellos, a quienes se demuestre que han sido autores materiales de las puñaladas, golpes, lesiones y daños físicos se les puede imputar otro delito de lesiones por menoscabo de la integridad corporal o la salud física, recogido en el artículo 147 del Código Penal, y ser castigados como reos del delito de lesiones con la pena de presión de seis meses a tres años, «siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico». En este caso además, les podría ser aplicable el 148 además, que prevé prisión de dos a cinco años, por el uso en la agresión de «armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la salud física o psíquica, del lesionado. En este caso, navajas, bates y puños americanos y cadenas. El juez puede ver agravantes Estas son las bases sobre las que trabaja la Policía para presentar a los presuntos autores de los hechos a disposición judicial. Pero esto no significa que en función de la gravedad, las pruebas de las acusaciones públicas y particulares (la Fiscalía entrará de oficio en cuanto el caso llegue al Juzgado) o los indicios de otros posibles delitos en la causa, el juez instructor que acabe llevando el caso pueda ver más. O que estime agravantes como la alarma social, la predisposición y planificación (la incitación previa de ambos grupos en chats de Internet darían pie a ello) de la riña tumultuaria.