Sólo una cuestión de metros

El hecho de que la comisión Nacional Antiviolencia no tenga noticia de los acontecimientos acaecidos en León el pasado día 6 tiene más que ver con parámetros administrativos que con cualesquiera otros. El reglamento que desarrolla la Ley del Deporte en materia de seguridad y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos determina que las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la colaboración de los clubes, fijarán cada año unas variables de seguridad, control y peligrosidad. Han de designar las áreas o perímetros, y los grados de riesgo, de cada partido. Y para cada encuentro se determinará el dispositivo de seguridad y su zona de influencia: si es el campo y sus aledaños más inmediatos o si se despliega por zonas adyacentes y cuáles son estas. La Subdelegación del Gobierno y la Policía de León informaron el día 7 que el partido no se consideraba de alto riesgo absoluto pero sí que se había reforzado el dispositivo y la seguridad habitual en el recinto y sus aledaños por los antecedentes de la temporada anterior; sobretodo en Burgos. Para cada partido se designa un inspector encargado de dirigir el operativo y coordinar hasta la seguridad privada del estadio. Es el que luego debe elevar un informe a la comisión provincial de seguridad ciudadana y a Antiviolencia, tras cada uno de los choques, con las incidencias que ha habido o si no se ha producido ninguna. El problema es que en este caso no se consideró el lugar donde tuvo lugar la riña tumultuaria como zona de riesgo, como perímetro o área de seguridad para prevenir brotes violentos en el partido Cultural-Burgos. Fuentes policiales confirman que el perímetro ese día llegaba al río Bernesga y al párking en torno al pabellón; pero no al otro lado, a Papalaguinda, donde tuvieron lugar los lamentables hechos. Sólo estaban alerta el resto de patrullas de la Policía Nacional y de la Local por si se precisaban refuerzos. Esta zona de seguridad establecida es la clave en del caso. Aunque los vándalos portaban símbolos evidentes y coreaban lemas que dejaban ver claramente cuál era su filiación deportiva, y que todo el mundo sabe por qué se originó la pelea tumultuaria (de unas cuarenta personas), el inspector encargado de elevar informe sobre el evento deportivo no pasó incidencias a Antiviolencia. Porque ni la pasarela que une la avenida Sáez de Miera (donde se ubica el Antonio Amilivia) y el paseo de Papalaguinda y el parque donde se suelen dar cita y por donde acceden al estadio la mayoría de los aficionados, estaba considerada perímetro de seguridad para prevenir actos violentos o delictivos antes, durante o después del encuentro. La experiencia en León dicta que los hinchas de uno y otro equipo acceden en cambio habitualmente por estos lugares hacia el Amilivia de forma habitual y desde que el campo se inauguró. Como al Palacio de los Deportes. Aficiones no «fichadas» A todo esto se añade que fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado confirman a este periódico que hasta la fecha ningún grupo de seguidores, como tal, de las aficiones de Burgos y León están «fichados» y calificados como peligrosos en los registros del Ministerio del Interior de hinchas potencialmente peligrosos o violentos. Ni tampoco ninguno de sus dirigentes o integrantes. Ni a unos ni a otros se les hace por tanto una evaluación o un seguimiento más allá de rutinario de tanto en tanto. Señalan que a partir de la pelea de hace casi dos semanas quizá cambien las cosas, pero que ni se les vigila especialmente ni se les sigue. De hecho, si así fuera, se les obligaría a no viajar en desplazamientos, o se les seguiría por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los trayectos. E incluso «cada vez que se mueven», sea o no para un partido. La Benemérita tampoco tiene ni «fichados» ni se les ordenó participar en el dispositivo. O se les alertó de nada.