Archivada la demanda contra el ex alcalde por el Máster de León

La Fiscalía de León ha decretado el archivo de las diligencias informativas seguidas sobre el convenio suscrito el año pasado por el ex alcalde leonés Francisco Fernández (PSOE) con la empresa Global Summi para la organización del máster de tenis Ciudad de León, para los años 2004, 2005 y 2006. En el escrito, con fecha 9 de diciembre de 2005, el fiscal considera que los hechos no son constitutivos de un delito penal, en este caso de prevaricación. El fiscal distingue entre «ilegalidades administrativas, que aunque sean tan graves pueden provocar la nulidad del acto, y las que suponen la comisión de un delito». A su juicio, estas ilegalidades administrativas siguen teniendo solución en el contencioso administrativo, no en derecho penal. Además, argumenta que acudir al derecho penal es el «último ratio» para resolver conflictos, ya que esta vía «atiende a la defensa social que surge, no de la simple infracción de la legalidad administrativa, sino de que ésta incida de forma significativa en la comunidad». El convenio en cuestión, suscrito por el ex alcalde días antes de que el PP recuperara la Alcaldía de León mediante una moción de censura con dos tránsfugas, es un contrato trianual que se firmó con la empresa Summi Global para la organización de un torneo de tenis en la ciudad de León por un importe de 1.882.000 euros para la organización de tres ediciones, la primera de ellas en 2004. El acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en contra de los informes de la Secretaría general y del interventor de una posible nulidad del acto o de la falta de soporte presupuestario, según recuerda la fiscalía en su escrito. Ante las sospechas de que pudiera haberse cometido un delito de prevaricación, este convenio fue remitido a la Fiscalía de León por el Ayuntamiento, tras un acuerdo plenario del 30 de septiembre. Una vez analizada esta documentación, el fiscal alega que la resolución adoptada por el ex alcalde para firmar este contrato «no parece caprichosa, irracional y absurda, totalmente incasable con el ordenamiento jurídico», como debería haber ocurrido para ser considerado como prevaricación. En su informe, el fiscal sugiere al Ayuntamiento que acuda a la vía contencioso-administrativa «si se aprecia» que la resolución del ex alcalde para firmar este contrato «es jurídicamente incorrecta». En este caso, apuntó que la resolución «puede y debe» quedar corregida en la vía administrativa. Global ha reclamado hace un mes al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 540.910 euros más IVA por haber incumplido el compromiso de organizar sendos torneos de tenis en 2005 y 2006.