En la ruina con permiso del Estado

El fútbol español vuelve a estar arruinado tras haberse benefi ciado de dos planes de saneamiento del Estado. Según los últimos datos conocidos, correspondientes al 2004, su deuda es de 2.156 millones de euros (360.000 millones de pesetas). En 1985 se le condonaron pérdidas por 20.000 millones de pesetas. Pero sólo un lustro después los clubes ya debían el doble, 40.000 millones. El segundo plan de saneamiento, en 1992, incluyó un acuerdo por el que el Estado cancelaba las deudas del fútbol de élite con las entidades públicas, que suponían el 80% del total. Además, la Ley del Deporte convertía a los equipos en sociedades anónimas y establecía que los dirigentes habrían de avalar el presupuesto con su patrimonio. Fue un brindis al sol. Hoy los clubes deben diez veces más que entonces. Han dilapidado el dinero que generó la liza de las plataformas digitales de televisión y siguen adelante gracias a la indulgencia de Hacienda y de las entidades financieras, que los miden por distinto rasero al que emplean con el común de los contribuyentes. El último ejemplo del trato de favor de las Administraciones es el caso de Valencia. Su Ayuntamiento acaba de aprobar una operación urbanística que permite recalifi car el estadio de Mestalla para edificar torres de pisos y enjugar la deuda del club, la quinta del fútbol español (22.000 millones de pesetas). La decisión contó con el explícito rechazo vecinal, pero han primado los negocios de una sociedad privada sobre el interés general. El propio presidente del equipo, Juan Soler, calificó en su día la operación de «pelotazo» y ha ganado a título particular 130 millones de euros con una venta de terrenos asociada al proyecto del traslado de Mestalla. La situación del fútbol español constituye una anomalía en su entorno europeo, donde se suceden las desapariciones obligatorias de clubes por incumplimientos económicos. Esta misma semana, el Sturm Graz, cuadro austríaco que hace sólo cinc o años jugaba la Liga de Campeones, se declaró en suspensión de pagos ante su delicada situación fi nanciera. El Sturm arrastraba una deuda de siete millones de euros (1.166 millones de pesetas), fruto de un fi chaje disparatado de su presidente. En España, el incumplimiento de los deberes de transparencia que exige la Ley de Sociedades Anónimas permite que se mantengan activas empresas deportivas en quiebra técnica, en muchos casos con la complicidad por omisión de altos empleados del staff de los clubes, de sus auditores y de los delegados de Hacienda .