DNI sanguíneo contra el fraude

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha lanzado una carrera contrarreloj para implantar, según lo previsto, el pasaporte sanguíneo a casi 700 corredores desde el primer semestre de 2008, una medida que intenta frenar los frecuentes escándalos de dopaje en este deporte. La reunión de París, a finales de octubre, propició el acuerdo y fijó que el alumbramiento del pasaporte tendría lugar el 1 de enero de 2008 y que sería obligatorio para todos los corredores participantes en el Tour de Francia. Más allá del pulso entre Pat McQuaid y Dick Pound, presidentes enemigos de la UCI y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), los problemas llegaron por las diferencias de opinión sobre cuestiones como la función represiva del pasaporte, los parámetros sanguíneos a tener en cuenta, el número de muestras requeridas o la necesidad de un período de prueba. Tras dos meses de debate y dos reuniones del grupo de trabajo (nueve expertos de la UCI, de la AMA y del Ministerio francés de Salud, Juventud y Deportes), «casi hay consenso», según Anne Gripper, responsable antidopaje de la UCI. Antes del Tour de Francia, la UCI tiene previsto tomar y analizar 4.200 muestras sanguíneas (seis por cada uno de los 500 corredores del ProTour y de los 200 de equipos Continental Pro que pueden ser elegidos para el Tour), con lo que se superarán en unos meses las 3.700 que se tomaron en todo 2007. En los doce meses de 2008, los responsables de la UCI planean contar con 12 muestras de cada corredor, lo que elevaría la cifra total de controles a 8.400. Para practicarlos en condiciones satisfactorias, la UCI deberá disponer de datos puntuales sobre la localización del ciclista y el empleo de su tiempo. Cuando quedan unos días para el nacimiento del nuevo sistema, Gripper reconoce que hay problemas para obtener informaciones de los 700 corredores, a pesar de la reciente adopción del programa ADAMS, impulsado por la AMA, y del aumento de efectivos del equipo antidopaje, que pasa de seis a 11 personas. El ADAMS, que reunirá datos de todas las organizaciones antidopaje nacionales, tendrá además como objetivo evitar irregularidades, como las que permitieron a Rasmussen tomar la salida en el Tour de 2007 a pesar de haberse perdido varios controles. Una vez que se supere el problema de la localización e información de los 700 ciclistas, la UCI tendrá que afrontar también el asunto de la financiación, uno de los puntos más difusos dentro del proyecto. En un principio se estimó en seis millones de euros, superando ampliamente el millón destinado en 2007, pero los diferentes actores están intentando no responder a los requerimientos de la UCI para aumentar su contribución económica. En lo referente a las sanciones también hay discrepancias entre los expertos y científicos consultados, ya que algunos de ellos dudan de la eficacia de las interpretaciones de posibles «anomalías», ante lo que solicitan que se establezca un plazo inicial a modo de prueba.