La policía ficha a los ultras en acción

El Gobierno intensifica su cruzada contra los ultras. Desde hace un mes dispone de otra arma para luchar contra los aficionados radicales en los estadios de fútbol y en las canchas de baloncesto. No sirvió para impedir el lanzamiento de bengalas en Montjuic por parte de los boixos nois del Barça contra seguidores del Espanyol. Tampoco para evitar que los ultras del Olympique de Marsella emprendiesen una batalla contra la policía en el Vicente Calderón que ha obligado al Gobierno a intervenir ante la Uefa, en defensa del Atlético de Madrid y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, gracias a la orden ministerial que entró en vigor el 26 de septiembre, la víspera del derbi catalán que pudo desembocar en una tragedia en Montjuic y cinco días antes de los incidentes del Atlético-Olympique, las imágenes de los ultras en las gradas o en los aledaños de los estadios ya pueden ser archivadas en un fichero automatizado del que es titular la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Grabaciones como las protagonizadas por los hinchas del Marsella que lanzaron decenas de sillas a la policía que tuvo que refugiarse en los vomitorios del Calderón ante la violencia empleada por los radicales franceses, podrán ser conservadas «cuanto sea preciso para la investigación de los incidentes», y ser transferidas a otros países. También se trasladarán las imágenes recogidas, como ocurre en la actualidad, a la Comisión Antiviolencia, encargada de proponer para los infractores sanciones de hasta cinco años de prohibición de acceso a los recintos deportivos. Ese fue el castigo solicitado por Antiviolencia para cada uno de los cinco boixos nois encarcelados como autores de los lanzamientos de bengalas en Montjuic, además de 65.000 euros de multa a cada uno de ellos, y otros 18.500 euros para el Espanyol. Aunque puedan recogerse en el nuevo archivo policial la totalidad de las imágenes obtenidas a través de los sistemas de video-vigilancia, «únicamente se guardarán las imágenes de personas y/o colectivos presentes en aquellos incidentes que se hubieran podido producir como consecuencia o con ocasión de la celebración de un espectáculo deportivo, sobre las que se inicie algún procedimiento sancionador penal o administrativo». A pesar de que han pasado 13 meses desde que entró en vigor (el 12 agosto de 2007) la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el Ministerio del Interior ha considerado necesario crear ya un nuevo fichero de imágenes para la investigación policial de infracciones penales y administrativas cometidas por aficionados. Según la Orden Ministerial de 17 de septiembre por la que se crea el llamado fichero DGED-UCO, las personas sobre las que se pretenden obtener datos o que resulten obligadas a suministrarlos son «quienes se encuentren en los recintos deportivos, o sus aledaños, en que se instalen elementos de captación de imágenes». En dicho archivo podrán figuran los datos referentes a la identidad de las personas o colectivos a quienes correspondan dichas grabaciones. En su intento por estrechar el cerco a los ultras, Interior ya aprobó el pasado mes de marzo, sólo dos días antes de que el portero del Athletic Armando resultase herido en la cabeza a causa de un botellazo en el Ruiz de Lopera, una orden por la que se creaban los ficheros automatizados de datos personales de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, con el fin de agilizar la gestión de los expedientes sancionadores contra autores de agresiones y organizadores de competiciones. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los estadios se envían a la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) correspondiente del respectivo recinto deportivo, que está dotada con los medios técnicos necesarios para su grabación. La UCO, bajo la dirección del Coordinador de Seguridad, es obligatoria en todas las instalaciones deportivas de la máxima categoría de fútbol y baloncesto, y también en las que disponga la Comisión Antiviolencia, que designa cada semana los partidos «de alto riesgo». Mossos y nacionales Entre las medidas especiales en competiciones o encuentros específicos, «y en atención al riesgo inherente al acontecimiento deportivo», la ley antiviolencia habilita a la autoridad gubernativa a obligar a los organizadores a «instalar cámaras en los aledaños, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad del aforo a fin de grabar el comportamiento de las personas espectadoras» y realizar registros personales, «aleatorios o sistemáticos», así como a «instalar circuitos cerrados de televisión para grabar el aforo completo del recinto a lo largo de todo el espectáculo desde el comienzo del mismo hasta el abandono del público». Dichas medidas, que podrán ser asumidas según la legislación por la Delegación del Gobierno, se efectuarán en cooperación con la Comunidad Autónoma que cuente con Fuerzas o Cuerpos de Seguridad propios. Así ocurrió en el derbi catalán con los Mossos d'Esquadra, a quienes también se responsabilizó de permitir la entrada de boixos nois a Montjuic con bengalas -los ultras las suelen introducir escondidas en bocadillos-, y por ello, entre otras causas, el Comité de Competición de la Federación Española tan sólo sancionó al Espanyol con 3.000 euros de multa. En cambio, en los incidentes del partido Atlético-Olympique, también declarado «de alto riesgo» después de que a varios radicales de la peña Biris del Sevilla, hermanados con los ultras del equipo francés, se les incautasen 18 bates de béisbol en las inmediaciones del Calderón, la Uefa se atrevió a juzgar, y culpar, a la policía, pero castigó al club rojiblanco con una sanción de dos partidos de clausura y 150.000 euros de multa. Con un ultra del Olympique en la prisión de Soto del Real, la sanción al Atlético fue aplazada para no provocar un perjuicio mayor, ya que todas las entradas ya estaban vendidas en el Calderón para el choque contra el Liverpool, entre ellas, las correspondientes a 3.000 aficionados ingleses que también forman ya parte del nuevo archivo creado por el Gobierno en su lucha contra la violencia.