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Apoyo unánime a la propuesta de Obama de un mayor control bancario

Representantes de las entidades de crédito españolas apoyan que las penalizaciones se limiten a los receptores de ayudas y celebran la segregación de la banca de inversión

Joaquín Almunia, durante una rueda de prensa, en una imagen de archivo.

Publicado por
M. J. Alegre | madrid
León

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Como si hablaran con una sola voz, reguladores europeos, autoridades y representantes de las entidades de crédito españolas coincidieron al celebrar las propuestas del presidente Obama destinadas a someter a un mayor control al sector financiero, y se manifestaron a favor de su traslación al ámbito europeo. Todos aplaudieron la iniciativa de segregar la banca de inversión de la comercial, entre otras cosas porque en España nunca ha existido el primer tipo con carácter puro.

También se inclinaron por el principio de que se aplique una tasa a las instituciones que han recibido ayudas públicas. De momento, los apoyos a los que han podido acudir bancos y cajas no se pueden considerar benéficos, ni mucho menos gratuitos, porque los intereses aplicados han engordado las arcas del Estado.

1397124194 Una decisión justificada. Joaquín Almunia consideró «muy justificadas» las ayudas anunciadas por Barack Obama para limitar el tamaño de los bancos y sus actividades especulativas. La Unión Europea ya ha emprendido el mismo camino, manifestó, para reconocer a continuación que algunos Estados se muestran más partidarios de la adopción de soluciones nacionales.

El Gobierno español se sumó a esa percepción, desde la idea de que cada país tiene sus particularidades. Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega consideró lógico que en cada Estado «se apliquen las propias recetas».

Las organizaciones representativas de bancos y cajas pusieron los puntos sobre las íes. Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca, declaró que la tasa penalizadora para los bancos que han recibido ayudas era, por sí sola «apenas un parche» que, si bien podría servir para recuperar el importe invertido por los Estados, no incide en los problemas reales, puesto que no mejora la estabilidad financiera.

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