El Pacto de Toledo aparca la propuesta de retrasar la jubilación a los 67 años
El Parlamento pretende concluir la reforma de las pensiones antes del verano; los cambios que se debaten se centran en el periodo de cómputo y la viudedad
Los grupos parlamentarios pretenden concluir su trabajo sobre la reforma de las pensiones antes de verano, según la reunión de portavoces celebrada ayer. La viudedad y el periodo de cómputo figuran entre los cambios a adoptar, aunque la primera medida a debatir será la separación de fuentes para conseguir que solo las pensiones de los trabajadores que aportaron lo suficiente sean financiadas con cotizaciones de la Seguridad Social.
Los diputados trabajan en la segunda renovación del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito en 1995 para garantizar las pensiones públicas), primera que tendrá lugar en un periodo de crisis. Su guía serán las recomendaciones de la revisión del 2003, mientras que el documento elaborado por el Gobierno, con la propuesta de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, carece de protagonismo.
Las reuniones de esta última fase de negociación comenzarán la próxima semana. Antes pasarán por la comisión parlamentaria responsables de la protección social al anciano, representantes del colectivo de pensionistas de viudedad y prejubilados, quienes expondrán sus problemas.
La mayoría de los diputados coincide en que es preciso reorganizar la prestación de aquellas personas que pierdan al cónyuge. Distinguen entre dos grupos diferenciados. Por un lado, están los perceptores, mayores de 65 años, cuyo único ingreso es la pensión de viudedad, y, por otro, las nuevas generaciones, donde hombres y mujeres trabajan.
Otra reforma polémica, sobre todo por la oposición de UGT, es la ampliación del periodo de cómputo, es decir, de los 15 años de vida laboral que se utilizan para el cálculo de la pensión. El sindicato socialista rechaza tajantemente que se amplíe ese tiempo, pero sus señorías trabajan con la hipótesis de que «algo hay que hacer al respecto». Recuerdan que una de las recomendaciones de l2003 era «reforzar el principio de contributividad», consistente en ajustar más la pensión percibida a la cotización pagada por el trabajador durante su carrera profesional.