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Crónica | efe

Lo público se echa a la calle

Los funcionarios y los empleados públicos se movilizan mañana con una huelga en todo el sector que incluirá manifestaciones en las principales ciudades

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Los sectores que se verán afectados por la convocatoria de huelga serán la educación, la sanidad, la seguridad -”los policías y guardias civiles también están llamados a la protesta-” y la justicia, así como otros servicios públicos como correos, agencia tributaria, oficinas de empleo o aduanas.

El lema es 8-J. Huelga servicios públicos. Párate. No a los recortes salariales y sociales y se exhibirá en el medio centenar de manifestaciones, concentraciones o asambleas que han convocado las centrales sindicales por toda España.

La mayoría de las manifestaciones y las concentraciones, ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las respectivas comunidades autónomas, se harán en torno al mediodía.

Además, se han previsto para por la tarde manifestaciones que recorran las vías de las principales ciudades, caso de Madrid (18:30 horas), Santander (18:00 horas), Palma de Mallorca (19:00 horas) o Valencia (19:00 horas).

El pasado 12 de mayo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso un plan para recortar el déficit en más de 15.000 millones -”15.250 millones se aprobaron el 20 de mayo en Consejo de Ministros-”. Entre las medidas principales se encuentra la bajada media del 5% de los sueldos de los funcionarios y los trabajadores de la administración a partir del 1 de junio y la congelación de las pensiones contributivas, salvo las mínimas, en 2011.

Según el real decreto que contiene estas medidas, la bajada salarial está comprendida entre el 0,56% y el 7% dependiendo del grupo y nivel. El Ejecutivo ahorrará 2.300 millones este año y otros 2.200 más en el 2011 con la reducción salarial.

Sin contar con este recorte aprobado por Zapatero, el salario de los funcionarios se ha congelado en los últimos veinte años en dos ocasiones: la primera en 1994, con Felipe González como presidente, y la segunda, en 1997 durante el primer mandato de José María Aznar.

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