La UE ve la reforma de las pensiones como el aval de los ajustes de España

La reforma del sistema público de pensiones, a la que el pasado viernes metió un acelerón el Gobierno de Zapatero al garantizar que estará para finales del enero, es la mejor garantía con la que Europa cuenta para garantizarse el cumplimiento de los compromisos españoles de ajuste presupuestario. Lo reconoció ayer con claridad meridiana la vicepresidenta segunda y titular de Economía del Gobierno, Elena Salgado, en una conferencia de prensa celebrada al término de la reunión del Ecofin.

En la noche del lunes al martes, los ministros del Eurogrupo escucharon a la número tres del Ejecutivo español una larga y pormenorizada exposición sobre los planes que alienta el gabinete socialista para cumplir con sus compromisos de déficit. Se pasó revista, entre otros extremos, a la privatización parcial de las Loterías del Estado y de la gestión de los aeropuertos, a la desaparición de la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración que han cumplido los plazos máximos legales para percibir subsidios de los presupuestos nacionales o a la subida de los impuestos sobre el tabaco. «Pero la medida más importante -”enfatizó la vicepresidenta-”, la que servirá para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, es la reforma de las pensiones, en la que estamos trabajando con la mayor intensidad. Y el Eurogrupo se ha dejado impresionar por nuestro compromiso de presentar esa reforma el 28 de enero próximo», resumió.

Salgado presentó el proyecto de reforma de las pensiones públicas a comienzos de este año, en el marco del conjunto de medidas que el Gobierno tenía previsto adoptar para corregir un déficit en ese momento desbocado por la crisis económica. Razones de oportunidad política fueron relegando esta medida a los escalones más bajos de la jerarquía, pero la debilidad de las cuentas públicas nacionales la han devuelto al universo no ya de lo visible, sino de lo inminente.

Los detalles del plan continúan velados, pero las ideas barajadas hasta ahora apuntan a un retraso paulatino de la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, en una ampliación en el cómputo para el cálculo de la prestación final -”pasarían de 15 a 20 años-” y en el alargamiento de 35 a 38 años del período mínimo de cotización para tener derecho a una pensión completa. El adelanto anunciado por el Gobierno mete presión al Pacto de Toledo, el órgano parlamentario encargado de los acuerdos sobre las pensiones, que debe tomar la iniciativa para no verse relegado.