Caja Madrid y Bancaja acuerdan los requisitos para reducir casi 4.000 empleos

Caja Madrid, Bancaja, las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja han llegado a un acuerdo laboral en el que fijan las condiciones para acceder a una prejubilación, una baja indemnizada o una reducción de jornada, entre otras medidas con las que prevén reducir casi 4.000 empleos.

Según informaron hoy a Efe fuentes sindicales, el acuerdo se cerró esta madrugada y aunque no fija un objetivo concreto, marca los requisitos para cumplir con la previsión inicial de reducir la plantilla de las siete cajas en más de 3.800 personas. En cuanto a las prejubilaciones, con las que se recibe el 95% del salario fijo, el acuerdo permite a los trabajadores que tengan 54 años al acabar 2010 solicitarla en los próximos sesenta días con la condición de acceder a ella antes de que acabe 2012.

Respecto a las bajas voluntarias, ofrece una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con lo que varía desde los 10.000 euros para los que tienen una antigüedad de hasta 5 años hasta un máximo de 30.000 euros para los que llevan más de dos décadas de servicios.

Además, el acuerdo al que ha tenido acceso Efe recoge la posibilidad de reducir la jornada laboral a la mitad y con ello, el sueldo en la misma proporción o la opción de pedir una suspensión voluntaria de contrato por un mínimo de tres años, ampliables a cinco.

Y teniendo en cuenta la amplia distribución de los empleados de las siete entidades y la previsible movilidad geográfica con el cierre de oficinas, se acordó que los empleados tengan derecho a una indemnización siempre que haya más de 25 kilómetros desde su antiguo centro de trabajo hasta el nuevo. Según una escala, la compensación anual irá desde 4.000 euros hasta 22.000 euros en el caso de que haya una distancia de más de 300 kilómetros o el desplazamiento sea desde las islas a la península.

En el caso de Canarias, cambiar de centro de trabajo de una isla a otra tendrá una compensación anual de 18.000 euros. Para afrontar el coste que supondrá estos ajustes de plantillas, el nuevo grupo, que prevé empezar a operar en enero de 2011 bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) que une los negocios de las siete cajas, cuenta con un préstamo con dinero público de 4.465 millones.