Las cajas se niegan a ser bancos
La exigencia de una reestructuración y recapitalización acelerada enfrenta a las entidades de ahorro con el regulador, mientras el Gobierno no concreta la fórmula
Nuevo frente abierto para el Gobierno. Con la rebelión ya nada soterrada de las cajas, la reforma de las pensiones no es la única urgencia a resolver de inmediato. La reciente crisis de la deuda soberana, la ofensiva especuladora y la amenaza de que España pudiera necesitar de un rescate han provocado una gran convulsión en el sector financiero.
La exigencia de acelerar su reestructuración y recapitalización enfrenta a las cajas de ahorro con el Banco de España, defensor de su paulatina transformación en bancos, porque asegura que el esquema de funcionamiento de estos últimos «es más fácil de entender» por los mercados.
Las cajas han apelado a la vulnerabilidad que puede suponer la entrada indiscriminada en su capital de fondos que invierten a bajo precio. ¿Acaso se puede determinar el valor de estas entidades de ahorro, con fuerte implicación territorial y un destacado compromiso social, en momentos en que están siendo objeto de ataque por todos los flancos?, argumentan.
1397124194 Discrepancias. El nuevo episodio de cierre del grifo de la financiación mayorista en diciembre del pasado año resaltó las debilidades de las cajas de ahorro. Las fuertes tensiones de los mercados y la presión de los grandes bancos que se han visto perjudicados han sido aprovechadas por el Banco de España para urgir la radicalización del proceso. Mientras el Ministerio de Economía se muestra más partidario de ir «paso a paso», las opiniones del regulador ejercen cada vez más influencia en el presidente del Gobierno, ahora firme defensor de que las reformas «no se queden a medias».
Las últimas declaraciones de Zapatero -”«estamos plenamente convencidos de que se puede concluir la reestructuración fortaleciendo el sistema con capital del sector privado y, quizás, con un recurso al capital público»-” han encendido todas las alarmas. Se extiende la idea de obligar a todas las cajas a operar a través de un banco, y de que la aportación de recursos públicos pueda traducirse a corto plazo en una «nacionalización temporal». Con el actual sistema, la participación del Estado solo se contempla en caso de que, a su vencimiento -”incluida la prórroga-” no se devuelvan las ayudas prestadas.
La reforma de julio dejó a la libre voluntad de las cajas seguir como estaban o integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), al que podrían traspasar parte de sus activos, consolidando riesgos y la capacidad para acudir a los mercados. Se abrió también la posibilidad de transferir todo el negocio financiero al banco instalado en la cúpula, y de mantener la titularidad de una mayoría del capital en la fundación que preserva el espíritu de una caja de ahorros.
La mayoría de las cajas no quieren ser bancos y ninguna de ellas se resigna a serlo «por la fuerza». El malestar se extiende en un colectivo que se considera traicionado.