REORDENACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
El Gobierno exige más solvencia a las cajas para empujarlas a ser bancos
Economía estima que el sector necesitará 20.000 millones para cumplir el nuevo requisito de capital
El Gobierno ha anunciado que va a elevar el nivel de capital básico (core capital en inglés, el de más calidad) que se le exige a los bancos y cajas españoles al 8% en otoño para probar a los mercados la fortaleza del sistema financiero español. El nivel medio del sistema es del 8,5%, con lo que hay entidades que están por debajo de ese nivel. Según una estimación previa del Banco de España, el nuevo requisito hará que el conjunto de entidades necesiten 20.000 millones de euros adicionales.
En la práctica, la medida afecta sobre todo a las cajas, las entidades más débiles. Sobre todo, porque a las cajas que no coticen en bolsa o no tengan una presencia significativa de inversores privados (vía acciones de un banco de su propiedad o vía cuotas participativas) y que tengan una dependencia del mercado de financiación mayorista superior al 20% se les exigirá un nivel de capital aun mayor del 8%. Unas condiciones, al fin y al cabo, que les empuja a ser bancos.
NACIONALIZACIÓN PARCIAL
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha aclarado sin embargo que el Gobierno va a mantener las posibilidades que aporta la actual ley de cajas (seguir como hasta ahora; emitir cuotas participativas; o operar a través de un banco, manteniéndose como cajas o transformándose en una fundación). Salgado también ha explicado que la opción favorita del Ejecutivo es que logren el capital adicional que necesiten en el mercado privado, pero ha añadido que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) aportará capital a las entidades que no lo logren de los inversores.
El Banco de España determinará qué entidades necesitan capital, en qué cuantía y si son capaces de presentar un plan para lograrlo por su cuenta. En septiembre, señalará que entidades necesitarán la ayuda del FROB, que, al contrario que hasta ahora (que eran préstamos), consistirán en inyecciones directas de capital, con un máximo de cinco años de vigencia, con lo que supondrá una nacionalización parcial por parte del Estado.