Las cajas aseguran estar próximas a las exigencias de solvencia del Gobierno
El PP rompe el consenso con el PSOE al rechazar los cambios; los sindicatos recurrirán
El portavoz adjunto del PP para asuntos económicos, Álvaro Nadal, Montoro e Ibáñez.
Las cajas de ahorro se pliegan, de partida, a las mayores exigencias de solvencia que quiere imponerles el Gobierno respecto a los bancos. Aseguran que están cerca de los requerimientos, pero quieren seguir negociando con el Ministerio de Economía los 'detalles' de una norma que les impone mayor rigor, con la intención de que algunas instituciones no se vean obligadas a cambiar de proyecto contra su voluntad.
Son los restos del 'traje a medida' que tiempo atrás acordó la patronal del sector con el Ejecutivo. Por eso han pedido precisiones sobre determinados términos de las exigencias gubernamentales. Quieren concretar lo que abarcan los conceptos de 'capital principal' y de 'financiación mayorista', y alimentan la idea de que todas las cajas encuentren un camino de supervivencia. Su opinión de que el sector está encarrilado contrasta con las estimaciones del Banco de España -que ha evaluado en 20.000 millones las necesidades de capital adicional a 31 de diciembre pasado- y con las de analistas del sector privado. El más 'contenido', el servicio de estudios de BBVA, ha cifrado las exigencias entre 13.000 y 17.000 millones.
Mientras las cajas intentan fórmulas de entendimiento con el Gobierno, el Partido Popular amaga una ruptura con el PSOE y las federaciones de banca de los sindicatos CC.OO. y UGT anuncian que estudiarán todas las posibilidades legales, y hasta la movilización social, para combatir la reforma si, finalmente, se materializa lo que consideran «una legislación discriminatoria».
Todos justifican sus posturas en la necesidad de que «fluya el crédito» para los particulares y las empresas. El mismo argumento que utiliza Economía para exigir a las cajas mayor solvencia, lo emplea el PP para denunciar un planteamiento «tan rígido» que no deja margen de maniobra, y que, a su juicio, estrangulará la financiación necesaria para potenciar la inversión generadora de empleo en la economía.
El portavoz adjunto del PP para asuntos económicos, Álvaro Nadal, denunció que las medidas anunciadas por la vicepresidenta económica van a constituir una «nacionalización» de las cajas, y situarán al sector en una posición competitiva desfavorable respecto al resto de entidades europeas. Nadal apuntó también que, el «apretado» calendario establecido por el Gobierno supondrá una inundación de acciones o títulos de las cajas «en pleno verano», cuando la actividad de los mercados es más reducida.
La principal fuerza política de oposición, que apoyó la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y la reforma de la ley de Órganos Rectores de las cajas de ahorros (Lorca), se ha desmarcado con rapidez de los planes del Ejecutivo en esta nueva «vuelta de tuerca».
La Confederación que aglutina a las cajas de ahorro (Ceca) entiende que, en este contexto, «el esfuerzo que se pide a las cajas en materia de solvencia es tan alto que sitúa este nivel por encima del alcanzado por muchas entidades europeas».