España acata el plan alemán y limita el gasto a la evolución que tenga el PIB

Angela Merkel decía ayer al término de la cumbre de la UE que la crisis «ha cambiado la forma de pensar en muchos países». La canciller, erigida en supervisora económica de los Veintisiete, aplaudió que España, Grecia, Irlanda e incluso Portugal hayan decidido enfrentarse a sus problemas «estructurales». José Luis Rodríguez Zapatero no le llevó la contraria con la nueva batería de medidas que presentó en el marco del Pacto del Euro, el paquete de deberes impuestos por Alemania al resto de socios para garantizar la competitividad de Europa.

Zapatero se comprometió ante la UE con un total de ocho iniciativas cuyo cumplimiento se evaluará en Bruselas dentro de un año. La más llamativa está directamente relacionada con una idea que Alemania ha llegado a consagrar en su Constitución y que también plasmó en el Pacto del Euro. Los países tienen que ser previsores y extremar el control de su cuentas en todo momento, tanto cuando la economía funciona a pleno pulmón como cuando llegan las dificultades. Zapatero se ha decidido a asumir esta tesis y establecerá un techo de gasto vinculado al crecimiento del PIB a medio plazo.

El presidente explicó que la nueva normativa se pondrá en marcha a través de una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Su intención es que no sólo se tenga en cuenta las previsiones de evolución del PIB, sino que se añadan otros factores como el resultado anual de déficit. Estos condicionantes irán acompañados de una revisión de los «criterios de gasto» del superávit que establecerán claramente en que se puede gastar el dinero en tiempos de bonanza. Todo ello, en opinión de Zapatero, servirá para apuntalar la «sostenibilidad de las finanzas públicas».

Ejemplo para las autonomías. La reforma, de momento, sólo afectará a las cuentas del Gobierno central. El líder socialista, sin embargo, confió en que el ejemplo cunda en las comunidades, que tienen protegida constitucionalmente su autonomía financiera. Para ello, apostó por «dialogar» con los partidos para alcanzar «un gran pacto» en el seno del Consejo de Política Fiscal. «Será extraordinariamente útil que las comunidades se autoimpongan más control del gasto», remarcó el presidente, que consideró «factible» un acuerdo con el PP.

La situación económica de las comunidades es una de las variables a la que mayor atención prestan los mercados a la hora de examinar a España. Según datos del Ministerio de Economía, el año pasado nueve regiones incumplieron el límite de déficit establecido. En cuanto a la deuda, un reciente informe del Banco de España desveló que la financiación externa de las comunidades se disparó un 31,7% en el 2010 frente al 13,8% del Ejecutivo central. El estudio señalaba a Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña como las más endeudadas.