El Gobierno hará más caras las prejubilaciones como las de Telefónica

Las prejubilaciones -˜doradas-™ en grandes empresas que presentan sustanciosos beneficios en tiempos de crisis no gustan al Gobierno. Tanto, que el Ejecutivo ha decidido ponerles coto por la vía rápida. ¿Cómo?, encareciendo por ley esos procesos para que las arcas públicas no terminen pagando los dos años de paro a los que esos prejubilados (que no dejan de ser parados) tienen derecho por regla general. El departamento que dirige Valeriano Gómez quiere limitar al máximo esa posibilidad, y que las compañías paguen de su bolsillo el equivalente a la prestación por desempleo.

Gómez asegura que el nuevo escenario podría afectar al ajuste que prepara Telefónica para el 20% de su plantilla en España en los próximos tres años. En principio, la iniciativa no sería una reacción al movimiento de la firma presidida por César Alierta, pues la idea ya aparecía en las recomendaciones que envió al Gobierno la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

De hecho, el ministro de Fomento, José Blanco, rechazaba cualquier ligazón a primera hora de ayer en declaraciones a Onda Cero. Sin embargo, a nadie se le escapa el ruido provocado por Telefónica, que tras explicar su decisión de adelgazar su plantilla comunicaba al regulador bursátil su intención de sacar adelante un programa de bonus para sus directivos por importe de hasta 450 millones de euros.

El ajuste laboral encontró de inmediato el rechazo del Gobierno por boca de algunos de sus miembros más destacados, como Elena Salgado, Alfredo Pérez Rubalcaba y el propio Valeriano Gómez. En un primer momento, el Ejecutivo no pasó de más o menos tímidas críticas a lo que era, y sigue siendo, una decisión de una empresa privada.

Sin embargo, la conjunción de despidos (hasta 5.600 personas) junto a pingües beneficios (10.167 millones en el 2009, el más alto de entre las empresas españolas), un alto coste para el conjunto de los españoles y premios para los ejecutivos han hecho explotar el asunto. Apenas unas horas después de que hablara Blanco, Valeriano Gómez reconocía abiertamente en RNE los planes del Gobierno y afirmaba categórico que Telefónica reúne las condiciones bajo las que, si la reforma sale adelante, una empresa deberá pagar el coste de las prejubilaciones.