CCOO y UGT dudan de que el plan del Gobierno haga aflorar el empleo sumergido

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que el plan del Gobierno contra el empleo sumergido no hará aflorar el grueso del trabajo no declarado, no mejorará la protección de los trabajadores, no aumentará los ingresos públicos ni eliminará la competencia desleal entre empresas. Ambos sindicatos manifiestan estas críticas en el documento que recoge sus observaciones al segundo borrador de real decreto ley de medidas para el afloramiento y el control del empleo sumergido que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes.

Según CCOO y UGT, no resulta adecuado " ni en tiempo ni en forma ni en contenido " la puesta en marcha de este plan que, en su opinión, se trata de una medida de carácter " más voluntarista que realista " para luchar contra el trabajo no declarado.

Consideran, además, que responde únicamente a " cubrir el expediente " de las exigencia europeas derivadas de la Cumbre de Primavera, que se incluyen en las conclusiones del Pacto por el Euro Plus de marzo. A juicio de los sindicatos, el texto del decreto ley excluye al empleo doméstico, ya que señala como ámbito de aplicación a " las empresas ", y perjudica especialmente a las mujeres.

Para CCOO y UGT el borrador se ha elaborado pensando sólo en el Régimen General de la Seguridad Social, sin prever mecanismos de aplicación a los regímenes especiales. También critican que aunque el preámbulo del borrador incluye medidas dirigidas al control de las condiciones de trabajo y las infracciones relacionadas con las mismas, no adelante nada y ni siquiera indica " si van a existir ".

Asimismo consideran criticable la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación durante todo el proceso, en especial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y deja en manos del empresario iniciar el procedimiento, señalar el periodo de ocupación previo y elegir la fórmula de contratación. El plan tampoco prevé seguimiento alguno de los contratos que se celebren, cuya modalidad la decide el empresario, y no se establece obligación ni sanción alguna, añaden.

Tanto CCOO como UGT dicen que no " entienden " por qué sólo se reconoce un máximo de seis meses de cotización a los empleados regularizados, a pesar de que hayan prestado servicios durante más tiempo, cuando en el primer borrador era de un año. Aunque ven positivo que esos seis meses cuenten para futuras prestaciones, algo que no ocurría en el primer borrador, opinan que no resuelve ni modifica el problema principal que supone esa limitación temporal porque implicará " un déficit de protección social ", que es uno de los elementos que pretende resolver el decreto ley, según su preámbulo.

A las dos organizaciones les " llama la atención " que, si es urgente poner en marcha las medidas del plan para " recuperar niveles más aceptables de competencia empresarial y de protección social para los trabajadores ", el borrador no contenga previsiones específicas en el caso de trabajadores no comunitarios en situación regular o irregular.

Subrayan que no podrán acogerse al plan los extranjeros en situación irregular, con independencia del tiempo que hayan estado desempeñando un empleo. Para CCOO y UGT, el plan tampoco define ni cuantifica qué empleo quiere aflorar con sus medidas, por lo que piden a los poderes públicos que hagan un diagnóstico " en profundidad ", incluida su repercusión en la Seguridad Social y por sectores, territorios y colectivos especialmente afectados.