La morosidad pública estrangula la economía y liquida 200.000 empresas

Administración central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos tienen fama de pagar tarde y con la crisis aún más, pese a una Ley de Morosidad que les obliga a cumplir como el que más. Pero la realidad es que el conjunto de las administraciones debe más de 33.000 millones de euros y que más de 100.000 pymes y autónomos podrían cerrar durante el 2011 por no poder cobrar. La urgencia por reducir el déficit público impuesta por la Unión Europea agrava todavía más la situación, porque el grifo se ha cerrado y el objetivo es conseguir el déficit cero en el 2014. Por eso, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Rafael Barón, afirma sin tapujos que «la Administración es el gran problema».

Barón confirma que la puesta en marcha de la nueva Ley Morosidad (junio de 2010) ha «sensibilizado» más a todas las empresas, hasta el extremo que antes sólo el 43% de las sociedades conocían los plazos; ahora es el 94%.

Pero, además, en los seis primeros meses de su puesta en funcionamiento también se está empezando a cumplir en el sector privado, como lo demuestra el hecho de que se han empezado a acortar los plazos de abono de 77 a 75 días, una diferencia que podría parecer nimia si no fuera porque antes esos tiempos estaban en los 101 días de media. Y la ley marca un plazo de 85 días.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, realiza la fotografía fija de los autónomos: «los bancos han cerrado el grifo» y más de la mitad tienen muchas dificultades para financiarse. En su organización calculan que desde que estalló la crisis, unos 200.000 empresarios han cerrado su negocio por los impagos y la morosidad. Las entidades financieras no dan créditos y ayuntamientos, diputaciones y comunidades no cumplen con los plazos «porque están endeudadas por encima de sus posibilidades». Y así se cierra el círculo vicioso: «el autónomo se convierte en moroso por la falta de liquidez y la imposibilidad de cobrar lo que le deben a tiempo».

Este año otros 100.000 autónomos desaparecerán porque, de los 33.000 millones que deben las Administraciones, 12.000 millones corresponden a autónomos y pymes, destaca Amor.