El Gobierno vincula al PIB el límite de gasto del Estado y los ayuntamientos
La norma afectará a 90 ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos insulares
El Gobierno dio un paso adelante ayer en su afán por acotar el gasto de las administraciones públicas. El Consejo de Ministros aprobó una reforma de la ley general de Estabilidad Presupuestaria que establece un tope para los desembolsos del Estado y de las entidades locales de mayor envergadura, vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). El objetivo es lograr que el superávit atesorado en años de bonanza, en vez de dilapidarse, se ahorre para compensar eventuales déficit futuros.
La norma, que afectará al Estado, a los 90 ayuntamientos más importantes, a las 38 diputaciones provinciales y a los cabildos insulares, fija un máximo de gasto que debe ajustarse a la evolución de la actividad en un ciclo de nueve años. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el porcentaje de incremento de los pagos será la media del crecimiento del PIB en los cinco años anteriores, el año en curso y la previsión para los tres siguientes. A la cantidad obtenida se le sumará el 1,75% de eventual inflación, una tasa inferior al 2% que el BCE considera el límite de estabilidad de los precios. «Con ello construyes el gasto máximo que puede tener un ayuntamiento», zanjó el vicepresidente.
La nueva regulación prevé que cuando el Gobierno de turno apruebe cambios normativos que acarreen aumentos permanentes de recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá crecer en la cuantía equivalente. Si ocurre lo contrario y se aprueban reformas que supongan una minoración de los ingresos, el gasto tendrá que rebajarse en la misma proporción.
Con esta medida el Ejecutivo pretende garantizar el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo.
Acuerdo con las autonomías. Rubalcaba avanzó que su intención es alcanzar un «acuerdo político» para instaurar una regla similar que comprometa a las comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales de julio. En caso de incumplimiento, la administración que se pase de gasto tendrá que adoptar medidas extraordinarias que garanticen la vuelta a la senda fijada.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya avanzó a finales de marzo en Bruselas su intención de ligar el gasto a la evolución del PIB.