Las reformas del Gobierno agravan la debilidad de las centrales sindicales
Los sindicatos no convocan una huelga general por la cercanía de las elecciones.
Zapatero, durante una rueda de prensa en una imagen de archivo.
«Líbrame Señor de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo». La ingeniosa expresión, enraizada en la sabiduría popular, define con nitidez la situación de los dos grandes sindicatos españoles tras las últimas reformas de Zapatero —la del mercado laboral y la de la Constitución—, realizadas en plenas vacaciones estivales. En ambos casos, el Gobierno, al que le quedan menos de tres meses de mandato, ha echado por la borda sus últimos vestigios de credibilidad ante las centrales, tras concentrar en los dos últimos años algunas de las mayores ‘agresiones’ laborales desde la implantación de la democracia.
Sólo la prórroga de la paga de 400 euros a los parados sin ingresos, vinculada a proyectos formativos, ha permitido al presidente rubricar este verano el carácter social del que ha presumido desde su llegada a La Moncloa. Fuentes conocedoras de la situación apuntan que esa ayuda únicamente se ha conservado por la defensa empecinada del ministro de Trabajo.
La existencia de casi cinco millones de parados es el telón de fondo de una sociedad en crisis, con una economía estancada y un mercado laboral que hace aguas. La reforma de la Constitución para fijar los límites de endeudamiento de las administraciones públicas, la licencia de dos años para contratar temporalmente sin límites y la puesta en marcha de un contrato de formación que puede aplicarse de manera transitoria a mayores de 30 años son las últimas ‘aportaciones’ de Zapatero a sus relaciones con Comisiones Obreras y UGT. Se trata de acometidas a las posiciones sindicales que en otro momento habrían desembocado en una huelga general, coinciden sindicalistas y expertos. Pero con elecciones a tres meses vista, no hay tiempo para organizar una protesta de ese tipo, ni fuerza y recursos para ello, como ya quedó patente en el seguimiento del paro convocado hace un año contra la reforma laboral.