Un plan para ahorrar en alquileres
El Gobierno busca fórmulas para ahorrar dinero dónde y cómo sea. Y la última vuelta de tuerca en ese camino del ahorro la ha encontrado en el mercado inmobiliario. Más en concreto, en su propio parque de edificios, al que pretende ahora sacar ‘chispas’ ante un evidente despilfarro. Al tiempo, el Ejecutivo prepara un recorte de al menos el 20% en el número de empresas públicas que, según adelantó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acumulan una deuda de 60.000 millones de euros.
La ‘número dos’ de Mariano Rajoy puso negro sobre blanco esa ‘fuga’ de capitales al explicar que el parque inmobiliario de la Administración General del Estado comprende, según el Inventario General de Bienes Inmuebles, unos 55.000 edificios. Contando con ese recurso, añadió Sáenz de Santamaría, el Estado gasta 100 millones de euros al año en alquileres teniendo «sólo en el centro de Madrid» un patrimonio inutilizado valorado en 500 millones. «Es necesario poner en marcha un plan integral de gestión de ese patrimonio, un planteamiento global sujeto a pautas homogéneas», sentenció.
Sobre las empresas públicas, en las que se ha recortado de forma drástica el número de consejeros, a los que se han limitado o anulado las indemnizaciones en caso de cese, el objetivo del Gobierno es vender, fusionar o, sencillamente, cerrar empresas no necesarias.
Sáenz de Santamaría explicó que el Ejecutivo llevará antes de un mes al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una norma que comportará sanciones, incluso penales, para los responsables públicos que incumplan el límite de déficit o no reflejen de forma adecuada los gastos en los que incurran su unidad administrativa.
Sáenz de Santamaría explicó que, entre otras actuaciones, la Ley de Transparencia considerará punibles la falta de colaboración o de entrega de la documentación requerida por los Tribunales.