Rajoy sitúa a los ayuntamientos y comunidades en la diana del ajuste
Sólo en los consistorios, el Gobierno . prevé un recorte de casi 40.000 millones.
El Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Gobierno de Mariano Rajoy ha enviado a la Comisión Europea como prueba de su voluntad de acelerar la consolidación fiscal tiene en su diana un objetivo preferente: las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo culpa a estos entes de gran parte de la desviación del déficit en el 2011 (en total 2,51 puntos del PIB sobre lo presupuestado, hasta el 8,51%, frente al objetivo del 6%) y de la abultada deuda (35.000 millones de euros) que al cierre del año arrastraban las administraciones territoriales con sus proveedores.
Y todo eso hay que pagarlo. Recortes en servicios esenciales, subidas de impuestos y tasas y la agrupación de miles de entidades locales conforman la parte más explosiva del programa de ajustes remitido a Bruselas. Ese golpe a las rentas de las familias se verá reforzado por las subidas del IVA y los impuestos especiales que prepara el Gobierno central para el 2013.
En el 2011 el déficit agregado de las comunidades alcanzó el 2,94% del PIB, más del doble del 1,3% pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los números rojos de las corporaciones locales alcanzaron el 0,38% del PIB, solo ocho centésimas más que la meta (0,30%), aunque esa aparente buena salud financiera es ficticia. En los ayuntamientos el gran desfase está en la deuda: En sus cajones guardan facturas pendientes que suman 20.000 millones, cuyo pago es vital para evitar la quiebra de cientos de pymes de toda España.
La primera vuelta de tuerca para sanear los erarios autonómicos fue el paquete adicional de ajustes impuesto por el Ejecutivo central a las comunidades, que contempla ahorros en educación y sanidad por unos 11.000 millones.
En las clases
En el ámbito educativo dicho programa incluye el aumento de horas lectivas de los profesores, la reducción de las sustituciones de los docentes —sólo se permitirán si la ausencia supera los diez días lectivos— y la elevación del número de alumnos por aula. En las universidades se recortarán las titulaciones ofrecidas, se disparará el precio de las tasas de matrícula y se impedirá contratar a nuevos profesores. El Gobierno cifra en 3.988 millones el impacto de estas medidas.
En la sanidad, el Ejecutivo quiere ahorrar otros 7.267 millones. Para ello obligará a las autonomías a instaurar el copago de los medicamentos, cuya cuantía variará según el nivel de renta y alcanzará también a los pensionistas. Se crearán centrales de compras y se elaborará un listado de prestaciones sanitarias básicas y gratutitas que convivirá con otro de «servicios suplementarios», que pagarán los enfermos.
Por el lado de los servicios sociales, en el 2012 se suprimirán 283 millones destinados a ayudar a personas dependientes. Asimismo, se eliminarán 514 entes públicos autonómicos, de los que 126 ya habían desaparecido a finales de febrero.