El Gobierno nacionaliza Bankia
Los 4.464 millones de euros de ayudas aportadas por el FROB se convierten ahora en capital público.
Rodrigo Rato y el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Bankia, el cuarto grupo bancario español por activos, ya es un poco de todos, al precipitarse los acontecimientos y optar el Estado por la nacionalización. Ningún banco puede permanecer siquiera un minuto a la intemperie, y José Ignacio Goirigolzarri, nuevo presidente de la matriz Banco Financiero y de Ahorros, y de su filial Bankia, propuso de inmediato al consejo de la sociedad, nada más tomar posesión de los cargos, la conversión en capital público de la ayuda de 4.464 millones de euros que la entidad recibió del primer Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Esta decisión, adoptada por los consejeros, supone la nacionalización de BFA, y el pleno control de la cabecera. Como el grupo posee más del 45 % de Bankia, el Estado se hace con una posición de control tanto de la matriz como del propio banco, que cuenta con más de 10 millones de clientes y unos 400.000 accionistas y del que será propietario en un 56%.
La fórmula fue aprobada en los consejos de BFA y de Bankia. La entrada del Estado en BFA ha abierto al nuevo presidente la opción para cambiar los órganos de dirección de las entidades, en los que los políticos y representantes sindicales son mayoría. Además, el mecanismo de conversión de ayuda del FROB en capital y la opción de que el Estado pase a tomar el control del banco donde se hallan depositados los activos tóxicos representa una sensible economía de recursos públicos.
También el Banco de España ha considerado que «el relevo en la presidencia de BFA-Bankia va orientado precisamente en la dirección señalada de profesionalizar la gestión del grupo y permitirá dar un impulso a su programa de reestructuración. La nueva dirección de la entidad tendrá que presentar en el plazo más breve posible un plan reforzado de saneamiento que situará a BFA-Bankia en condiciones de afrontar con total garantía su futuro».
Exigencias
Este tipo de nacionalización no exige, de partida, nuevas aportaciones, aunque no pasará mucho tiempo sin que se tengan que determinar otros recursos necesarios para sanear la entidad. Cumplir los requerimientos de provisiones del inmobiliario podría suponer unos 7.000 millones de euros adicionales, según estimaciones del sector. Se da la circunstancia, por otra parte, de que BFA es accionista de otras compañías, como Iberdrola, Mapfre, NH Hoteles o Indra, con lo que el Estado pasará a tener el control de las correspondientes participaciones, y podría optar por desinvertir en las consideradas no estratégicas para la marcha del grupo.
En una de sus primeras actuaciones, el nuevo presidente de Bankia ha expresado a los trabajadores de la entidad su confianza en que logrará culminar con éxito los grandes retos a los que se enfrenta pese a las dificultades del entorno en el corto plazo. Tras ratificarles su «sentimiento de profunda responsabilidad», les solicitó que mantengan el impulso de gestión con el fin de hacer de Bankia una entidad «fuerte, rentable y eficiente», un requerimiento que, junto a la petición de lealtad a su sucesor, también les formuló el directivo saliente, Rodrigo Rato.
En declaraciones a Efe TV, Goirigolzarri afirmó que su proyecto redundará en beneficio de «la sociedad española» y añadió que asumía el puesto «con un gran sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo con una gran ilusión». «Creo que tenemos entre las manos un proyecto de extraordinario futuro», dijo.
Mientras el Gobierno ultima la última vuelta de tuerca para sanear los activos inmobiliarios en manos del sector financiero, había que poner freno a la escalada de desconfianza. Las filtraciones informativas sobre la intervención en Bankia, y la dimisión del presidente Rodrigo Rato, provocaron que la sociedad perdiera 648 millones de euros de valor en Bols. La capitalización bursátil de la entidad resultante de la fusión de siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja ha pasado de los 4.895 millones de euros del viernes 4 de mayo hasta los 4.247 millones de euros a cierre de ayer miércoles. La pérdida paulatina de valor ha impulsado la toma de decisiones y contribuido a que el Gobierno se decantara finalmente por la fórmula de la conversión en capital de las ayudas aportadas.